La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2025 en la que otorgó medidas cautelares en favor del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según el organismo, los derechos a la vida y la integridad personal de Gallo enfrentan un riesgo de daño irreparable.
El Cabo Primero de la Gendarmería Nacional Argentina fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela, mientras intentaba ingresar al país para visitar a su esposa venezolana y su hijo de dos años. Gallo contaba con toda la documentación necesaria: pasaporte vigente, pasaje de ida y vuelta, y un plan de estadía en la residencia de su familia. Sin embargo, tras una revisión de rutina, fue apartado para una "entrevista", le confiscaron el teléfono y quedó incomunicado.
El último contacto con su familia fue minutos antes de las 11 de la mañana de ese día, cuando logró llamar a su esposa desde el teléfono de un taxista que lo había trasladado. Informó que estaba siendo llevado a una segunda "entrevista". Luego, el taxista relató que los encargados del traslado eran agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), identificables por las siglas en el vehículo oficial.
A pesar de que funcionarios chavistas admitieron públicamente la detención de Gallo, no ofrecieron detalles sobre los motivos, los cargos ni el lugar de reclusión. Además, no hay información sobre si recibió atención médica o si fue presentado ante un tribunal competente.
El gobierno argentino calificó la situación como una desaparición forzada y denunció la negativa del régimen venezolano a brindar información sobre el paradero y estado de salud de Gallo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó como una "pantomima" el video difundido por el gobierno venezolano donde se ve al gendarme caminando en un playón, con ropa clara, pero sin sonido, fecha ni contexto claro.
La CIDH determinó que el caso cumple con los criterios de gravedad, urgencia e irreparabilidad establecidos en su reglamento y exigió al Estado venezolano adoptar medidas inmediatas para proteger los derechos de Gallo. Determinó además, que el gendarme argentino, “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
Entre los puntos clave por la detención del gendarme, se encuentran:
- Confirmar si Gallo está bajo custodia estatal.
- Informar las circunstancias de su detención.
- Garantizar su comunicación con familiares y representantes legales.
- Asegurar el acceso a las autoridades argentinas.
- Instar a Venezuela a investigar lo ocurrido y evitar que hechos similares se repitan.
El caso de Nahuel Gallo no solo expone la vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros en el sistema represivo venezolano, sino que también pone en tensión las relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras la comunidad internacional sigue con atención cada paso en la resolución de este conflicto.
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