La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para pedir la extradición del ex senador Eduardo Kuieder y su acompañante, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay por el intento de contrabando de divisas.
La magistrada pidió la medida con fines de tomarles declaración indagatoria en nuestro país, luego de que Kueider fuera expulsado de la Cámara alta por amplia mayoría el jueves pasado, en una sesión que quedó envuelta en polémica al haber sido presidida por Victoria Villarruel cuando el primer mandatario, Javier Milei, ya había salido del país.
Arroyo Salgado también solicitó el traslado de ambos detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos, y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay; además del allanamiento del departamento de lujo donde cumplen prisión domiciliaria.
La jueza tomó la decisión en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero que tramita en la Justicia Federal.

La solicitud de extradición pudo formalizarse luego de que Kueider perdiera sus fueros el jueves tras ser expulsado del Senado por una amplia mayoría de votos (61). Arroyo Salgado ya había librado el viernes 13 a la mañana el pedido de captura nacional e internacional de Kueider ante Interpol para el caso en que Paraguay le diera la libertad o lo expulsara.
A Guinsel Costa, por su parte, la jueza se lo había dictado el mismo día de la sesión. Con esa solicitud cursada al Jefe del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina Interpol, buscó evitar que pudieran irse a ningún otro país si fueran liberados en Paraguay. El objetivo es que, en ese caso, queden automáticamente detenidos en el marco del proceso que sustancia la Justicia Federal argentina.