El presidente de AySA, Alejo Maxit, aseguró que en 2025 el estado venderá sus acciones en la empresa, que pasará a ser completamente privada. “Está en la Ley Bases, está el convencimiento del Presidente y el convencimiento de todos que es la mejor forma de resolver este problema en el largo plazo”, dijo, “o sea que sí, se va a privatizar, de una manera transparente, de manera que sea lo más irreversible posible el proceso”.
El ejecutivo explicó que cuando asumió con la actual gestión “la empresa era una plataforma política” que funcionaba “para que ciertas personas tengan un desarrollo político territorial”, con “más de 200 personas designadas políticamente”.
“La lógica eran obras para responder a una solicitud política territorial; gastos corrientes para atender la campaña territorial, mientras que AySA no recibía los fondos para mantenimiento, por ejemplo. Los recursos tenían objetivo principal, que era político, y uno secundario que era el servicio. Ahora tenemos una empresa al revés, donde la tarifa cubre los gastos operativos y la inversión de mejora y mantenimiento”, aseguró.
Los recursos tenían objetivo principal, que era político, y uno secundario que era el servicio. Ahora tenemos una empresa al revés, donde la tarifa cubre los gastos operativos y la inversión de mejora y mantenimiento
En una entrevista con el periodista Diego Cabot de La Nación, Maxit sostuvo que “desde la estatización hasta hoy, el Estado puso US$14.000 millones en AySA en obras y gastos corrientes y obras. Había una tarifa congelada que hizo daño en la cultura del pago, del cuidado del agua y en la cultura de la empresa de un ir a buscar a los que estaban colgados al servicio”.
El ingeniero, por último, aseguró que la empresa cuesta, al menos, US$500 millones, y explicó el esquema organizacional para la venta. “Existe AySA Sociedad Anónima que tiene la concesión. Y de esa empresa el Estado tiene el 90%; el resto es del programa de participación de los empleados. El objetivo es vender ese 90%. Hay distintas metodologías pero no quisimos partir la concesión ni avanzar en otra como la anterior. Los activos, en este caso, van a quedar en el Estado argentino. Hay dos grandes formas de ventas con las que queremos avanzar. Una es una licitación pública nacional e internacional para vender la participación que permita incorporar un socio estratégico a la operación y la otra porción, que sea vendida en el mercado local en acciones”.
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