Un informe mostró que mujeres originarias y campesinas siguen sin poder acceder al derecho de la salud sexual. Su atención integral continúa rezagada por impedimentos socioeconómicos y geográficos y los datos sobre el acceso efectivo a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) son preocupantes: el 84% de las miembros de pueblos originarios que la solicitaron, no tuvieron acceso al aborto en los plazos que les corresponden por ley.
Organizaciones de mujeres indígenas y comunidades campesinas trabajaron en conjunto con Católicas por el Derecho a Decidir para llevar a cabo un monitoreo que recabe manera detallada el estado de atención integral de la salud sexual y reproductiva de sus miembros. El "Monitoreo sociocultural y lingüístico sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos en pueblos indígenas y poblaciones campesinas en Argentina" se presentará este jueves en la Ciudad de Buneos Aires, de 17 a 20 horas, en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), ubicada en Sarmiento 2037.
La información que encontraron, a partir de encuestas realizadas a 480 mujeres y disidencias de pueblos originarios y comunidades campesinas, a 48 profesionales de la salud, cubriendo 20 pueblos originarios y 12 provincias argentinas, mostró que- a pesar de que existe la Ley 27.610 la cual garantiza el acceso legal a la interrupción del embarazo en todo el territorio- esta no se cumple.
El 84,1% de las mujeres que solicitaron una IVE no accedió al procedimiento en los plazos legales, y el 46,8% reportó discriminación en la atención médica cuando fueron encuestadas. Además, el 95% de las pacientes informó que las personas profesionales de salud no hablan la lengua nativa de quienes lo solicitaron, una barrera decisiva a la hora de recibir una atención adecuada que las reconozca como sujetos de derecho y les permita tener una atención equitativa.
Una vez obtenido el informe, además de recopilar los datos que demuestran el estado de situación, desde la organización del estudio sostienen que esto "es una evidencia que resalta la necesidad urgente de adoptar un enfoque de derechos colectivos que respete y valore la diversidad cultural", por lo que plantean que "es crucial desarrollar programas de capacitación intercultural e incorporar intérpretes y facilitadores bilingües al sistema de salud", según explicó Mónica Menini, coordinadora del área de Cabildeo de Católicas por el Derecho a Decidir.
Foto portada: Laura Dalto.
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