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Política

La Justicia rechazó la intervención del Gobierno para auditar la UBA a través de la SIGEN

La Justicia le puso fin al intento del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir en el control interno de la UBA a través de la SIGEN.
uba Gobierno

Finalmente Justicia rechazó la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar la UBA. El juez Santiago Carrillo desestimó el pedido del organismo para iniciar un proceso de auditorías y señaló que la universidad cumplió con la presentación de los documentos requeridos.

De esta manera, la Justicia puso fin al intento del Gobierno de auditar la UBA presente información respecto al uso de fondos públicos. El pedido había sido presentado por la SIGEN a través de una medida precautoria que buscaba iniciar un proceso de auditorías en la UBA por fuera de las ya contempladas en la Ley de Educación Superior.

Así lo informó la propia UBA a partir de un comunicado que difundió luego de conocerse el fallo del juez. Para tomar su decisión, Carrillo tuvo en cuenta los argumentos que brindó la universidad, que había señalado que no existe norma que autorice a la SIGEN a realizar un control interno de las universidades nacionales.

marcha defensa UBA
Movilización en defensa da la Universidad de Buenos Aires.

Además, en cuenta a la documentación presentada por la UBA, el juez detalló que ésta se puede encontrar los informes de los años 2023, 2013, 2009, 2008, 2006 con las auditorías requeridas. "Considerando que la UBA ha explicado las características de su sistema de gestión de documentos, cabe concluir que no surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN 'se extravíe o se altere'", expresó el juez en el fallo.

Además, el juez se refirió a la autonomía universitaria e indicó que desde la reforma constitucional de 1994 las universidades tienen "un status jurídico especial" y que la Ley de Educación Superior otorga "mayor independencia a las universidades nacionales" y restringe "las posibilidades de injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en su ámbito institucional".

En ese sentido, señaló que "son el Poder Legislativo y el Judicial quienes han adquirido el rol de controlantes de los actos y normas de las universidades nacionales".

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