El ministerio de Justicia de Corea del Sur intervino después del revuelo político que generó la efímera declaración de la Ley Marcial por parte de su presidente, Yoon Suk Yeol, y le prohibió salir del país al mandatario mientras se desarrolla la investigación policial.
El martes pasado el presidente conservador Yoon -del Partido del Poder Popular- decretó la Ley Marcial bajo el argumento de que el país está bajo amenaza "pronorcoreana". Este hecho tuvo una repercusión de manera instantánea entre la sociedad civil y los propios miembros del Parlamento, que se opusieron a la medida. La Asamblea Nacional Legislativa votó, con 190 votos, derogar la Ley Marcial y la Policía abrió una investigación al presidente Yoon por "traición", "rebelión" y "abuso de poder".
La oposición, encabezada por el Partido Demócrata (PD), el fin de semana pasado trató de avanzar con un proceso de destitución de Yoon, pero la petición fracasó. La iniciativa para la destitución no se oficializó porque fue votada solo por 195 parlamentarios de los 300 que conforman la Cámara, un número insuficiente para que se lleve a cabo la medida institucional.
Mientras tanto, el funcionario del Ministerio de Justicia, Bae Sang-up, confirmó este lunes durante una audiencia parlamentaria que una solicitud de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios de Corea del Sur, pidió que se le prohíba a Yoon salir del país mientras esté siendo investigado. Las fuerzas de Seguridad coreanas no descartan someterlo a interrogatorio o incluso dejarlo detenido.
Yoon Suk Yeol, el pasado 3 de diciembre, declaró la Ley Marcial, que le otorga a las Fuerzas Armadas facultades extraordinarias, entre ellas, prohibir todas las actividades políticas, incluidas protestas, manifestaciones y acciones de los partidos políticos. Luego de la derogación de la medida por parte del Parlamento, Yoon salió a pedir disculpas y pronunció que se hará responsable de las represalias que pudiera traer su accionar.
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