Cuando el próximo martes se cumpla un año de su jura como presidente de la Argentina, Javier Milei hará una nueva cadena nacional en el horario central de la televisión para mostrar los logros de su gestión. Entonces, quien en abril pasado se había proclamado como “el segundo presidente con mejor imagen del mundo”, pondrá en alza los resultados de sus doce meses al mando del ejecutivo. En ese sentido los datos de la economía jugarán un papel fundamental en la exposición del libertario, quien, por supuesto, no hará mención de las deudas que mantiene con la sociedad argentina.
La primera medida económica del incipiente gobierno de La Libertad Avanza fue la abrupta devaluación del tipo de cambio en un 118%. El alza de la cotización del dólar impactó directamente en los precios de los bienes e insumos de la canasta familiar. De esta manera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 25% con respecto a noviembre de 2023. En esa instancia y con la medida anunciada por el ministro de economía, Luis Caputo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras percibieron una pérdida de un cuarto de su poder adquisitivo. La motosierra que había sido el símbolo de la campaña de Milei empezaba a hacer efecto en los bolsillos de las familias argentinas. Sin embargo, el gobierno no acusó recibo de las protestas que se dieron en las puertas del congreso cuando el calor se sentía y siguió adelante con su plan de destrucción del poder adquisitivo de la población.
Apenas pasados los primeros días del año, más precisamente el 24 de enero de 2024, la CGT y las dos CTA realizaron el primer paro general contra el gobierno. Con la plaza de los dos congresos colmada de organizaciones sindicales, movimientos sociales y gente de a pie el gobierno tuvo una huelga cuando apenas habían transcurrido 45 días de su gestión. La protesta llevaba como principal propósito ir en contra de la “ley ómnibus” y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Dos medidas que iban en sintonía con el propósito de la administración de Milei: destruir el estado desde adentro con un ajuste sin precedentes que implicaría despidos, cierres de ministerios y un congelamiento de las paritarias que dejaría muy por debajo de la inflación a los salarios de los y las trabajadoras del sector público.
Uno de los sectores que más sufrió estos casi doce meses fue el de los jubilados. Sin aumentos en los dos primeros meses del año y con una inflación acumulada de más del 30% para igual período, los haberes para la tercera edad quedaron por debajo del índice de pobreza. Con la nueva fórmula de ajuste que se basa en el IPC y con una inflación a la baja, los mayores no llegaron a recuperar lo perdido. A esto hay que sumarle que el bono complementario quedó estancado en $70 mil. En diciembre de este año un haber mínimo más el bono llega a los $330 mil mientras que en octubre la canasta básica total (CBT) fue de $964 mil. La deuda del gobierno libertario con los jubilados no es solo a nivel de los ingresos, también implica un recorte en el suministro de medicamentos por parte del PAMI. Más de 150 medicamentos fueron eliminados del beneficio.
Septiembre fue un mes en el cual las protestas de los mayores se hicieron sentir todos los miércoles en las puertas del Congreso. Escenas dramáticas con represión incluida fueron una postal de cada semana. A todo esto, el gobierno a través de la espada de Patricia Bullrich reprimía a todo aquel que osara protestar. Como síntesis de la saña que desataron las fuerzas de seguridad, una niña fue gaseada por un agente de la policía federal.
Octubre fue el momento de ebullición de las protestas de toda la comunidad universitaria que vio afectada la continuidad de las clases tras el veto del presidente para mantener el recorte en las partidas presupuestarias. Tomas en las principales facultades y dos contundentes marchas en la ciudad de buenos aires y en los principales centros urbanos del país enmarcaron la puja entre el ejecutivo y las universidades.
En contraposición de las deudas que el gobierno mantiene con los sectores más vulnerables de la sociedad, su política económica está destinada a beneficiar a los grandes capitales. Por caso, la reducción del impuesto a los ingresos brutos es una muestra fehaciente de por donde avanza la libertad en materia impositiva. Los mismos sectores también fueron beneficiados con el blanqueo de capitales. Esta medida le permitió a los tenedores de grandes fortunas ingresar las mismas al sistema sin ningún tipo de sanción y con un mínimo cobro de impuestos.
Se termina el 2024 y las pruebas del camino elegido por el gobierno están a la vista. Es claro el enfoque en el cual inscribe su política económica. A futuro, para mantener los parámetros de la macroeconomía, el gobierno necesitará el ingreso de dólares en las arcas del central. Para ello mantiene vigente el DNU 846 que le permite tomar deuda sin pasar por el congreso y sin tener en cuenta tasas y plazos. El gobierno seguirá tomando deuda con acreedores extranjeros que traerán un nuevo ajuste, mientras que mantendrá las deudas internas que en un año de gobierno ha sabido construir.
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