Mientras el Gobierno avanza en la evaluación de empleados públicos, los gremios presentaron un recurso judicial para frenar este examen por considerarlo inconstitucional. Plantean que la "Evaluación General de Conocimientos y Competencias" (SEP) que creó Sturzenegger es "lisa y llanamente ilegal".
Desde ATE presentaron una medida cautelar contra la evaluación, que está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 3 a cargo de Santiago Ricardo Carrillo.
En un comunicado, el gremio en representación de los estatales denunció que este sistema "vulnera derechos fundamentales y contradice normas de convenios colectivos de trabajo vigentes" y que, además, "carece de transparencia" y de imparcialidad.
Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, señaló: "Las evaluaciones deben ser anuladas. Es notoria la falta de transparencia de todo este proceso y no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar".
Las evaluaciones a los trabajadores del Estado fueron oficializadas por Sturzenegger a través de la Resolución 26/2024 publicada en el Boletín Oficial. El Gobierno planea someter a examen a más de 40.000 empleados públicos que estén contratados y se les entregará un "certificado de idoneidad" si pasan la prueba.
Según reveló el Gobierno, el examen de idoneidad comenzará en diciembre sobre todos aquellos empleados cuyo contrato se venza el 31 de ese mes. Por su parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado explicó que la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, del Sistema de Evaluación Pública (SEP), será un requisito para poder trabajar en la Administración Pública Nacional.
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