Este viernes, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su "más profunda preocupación" ante la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas. La entidad recordó que, durante los últimos años, Argentina había logrado colocarse a la vanguardia en la lucha contra este delito.
La CEA es la institución de carácter permanente formada por la asamblea de los obispos de la Nación. A través de un comunicado, desde la entidad advirtieron que el cierre del Fondo representa un retroceso en los avances logrados en la protección de las víctimas de trata. Remarcaron que la trata está considerada como uno de los delitos más graves en términos de violación de los derechos humanos.
El comunicado también señala que el fondo fiduciario creado en 2019 tenía como principal objetivo la administración de bienes decomisados en causas judiciales vinculadas a la trata y explotación de personas. Estos recursos, provenientes de delitos como el tráfico de personas y el lavado de activos, eran destinados exclusivamente a la reparación de los daños sufridos por las víctimas. Por lo tanto, el Fondo no utilizaba recursos públicos, sino activos obtenidos de actividades ilícitas, lo que permitía que el Estado asumiera un rol clave en la reparación de derechos.
Para la CEA, la disolución del fondo pone en riesgo el acceso a asistencia para las personas rescatadas de situaciones de esclavitud y explotación, al eliminar un mecanismo clave de apoyo. En su comunicado, la Comisión Nacional de Justicia y Paz alertó sobre el perjuicio que esta medida podría generar. Asimismo, destacó que la eliminación de esta herramienta implica un debilitamiento de las políticas públicas en materia de justicia social y derechos humanos.
Finalmente, el comunicado de la Conferencia Episcopal concluye con un fuerte rechazo a la medida tomada por el Gobierno nacional: "Solo puede tener como consecuencia la mayor vulneración de las personas que padecieron la esclavitud". La CEA alertó que, al eliminar esta herramienta, el Estado estaría dejando desprotegidas a las víctimas, exponiéndolas nuevamente a una situación de indefensión. En sus palabras, la decisión solo lograría "convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas".
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