Un estudio reciente, realizado por 4 universidades públicas junto a 19 organizaciones y 10 Consultorios Amigables para la Diversidad Sexual (CADS), encuestó a casi 1200 personas travestis y trans en todo el país. El relevamiento buscó construir indicadores que dieran cuenta de los avances y desafíos en las condiciones de acceso a la salud. Lo novedoso radica en el tamaño de la muestra y su carácter federal. La comunidad travesti y trans ha tenido un rol protagónico, no sólo participando de la construcción del instrumento sino también encuestando a lo largo y ancho del país.
La sanción de la Ley de Identidad de Género (LIG,) en el año 2012, convirtió a nuestro país en punta de lanza en la garantía de los derechos de las personas travestis y trans. Este marco normativo no solo venía a despatologizar y desjudicializar la identidad trans sino a intentar reparar las desigualdades estructurales. Previamente, organizaciones de la diversidad sexual, especialmente de travestis, lograron poner en agenda algunas discusiones en torno a la persecución policial, la criminalización y las dificultades socio-económicas con las que se enfrentaban a diario. Específicamente en relación al acceso a la salud, el informe “Cumbia, copeteo y lágrimas: Informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros”, coordinado por Lohana Berkins en 2007, fue pionero en exponer las dificultades de acceso a la salud y los peligros de los procedimientos de modificación corporal sin supervisión médica, en especial para la comunidad travesti.
Casi 20 años después de aquel primer relevamiento, y con la LIG y los CADS en marcha, desde la UBA, la UNMdP, la UNICEN y la UNPAZ llevamos adelante el proyecto “Hacia el diseño de políticas públicas de salud integral e inclusiva: relevamiento de indicadores sociosanitarios de la población travesti y trans de Argentina”. La investigación contó con el financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, una herramienta que hoy se encuentra interrumpida por decisión del gobierno nacional.
El relevamiento tuvo como uno de sus objetivos identificar y analizar los distintos usos y apropiaciones de las tecnologías de modificación corporal. También se buscó recabar información que sirviera para remarcar los avances en materia de derechos y los desafíos a futuro. Para comparar los distintos territorios nacionales y las diferencias generacionales, la encuesta se realizó en todo el país y abarcó a 1196 personas. Las preguntas se organizaron en bloques que incluían: datos sociodemográficos, información general sobre el estado de salud, cuestiones relacionadas con salud trans específica y accesibilidad y usos de los servicios. Para analizar los resultados de manera operativa, las identidades se agruparon en tres categorías: feminidades trans (56%), masculinidades trans (25%) y otras identidades no cis (19%).
Condiciones de acceso a la salud: viejos problemas y nuevas demandas
Los estudios previos a la sanción de la LIG demostraron que las personas trans, especialmente las mujeres trans y travestis, no se realizaban controles periódicos de salud. Entre los motivos principales se encontraban los malos tratos, la discriminación y los hostigamientos durante las consultas médicas. La falta de formación de profesionales con perspectiva de género también aparecía como una barrera de acceso. Si bien hay aspectos desiguales que aún persisten, en relación a las condiciones de acceso a la salud, se ha notado que el 66% de quienes participaron de la encuesta indicó haber buscado o tenido la necesidad de consultar por un tema de salud en los últimos 12 meses. De ese porcentaje casi la totalidad, es decir 9 de cada 10, pudieron concretar la consulta médica en un espacio de salud. Sin embargo, entre quienes no pudieron hacerlo, la discriminación y los malos tratos continúan funcionando como las principales barreras. Entre quienes tuvieron más dificultades se encuentran las travestis y las feminidades trans que no estaban realizando terapias de reemplazo hormonal.
Focalizando en las modificaciones corporales hormonales, se evidencia que el 56% de las personas encuestadas manifestó haber iniciado este proceso al menos una vez. Sin embargo, cuando se analiza en relación con la identidad de género, el porcentaje asciende al 67% entre las masculinidades trans y al 60% entre las feminidades trans, mientras que desciende al 24% entre las personas con otras identidades de género no cis. Si se adentra en el acompañamiento profesional en su primera terapia hormonal, el 60% del total lo realizó bajo acompañamiento médico. No obstante, este dato refleja diferencias generacionales, sólo un 21% de las personas mayores de 55 años tuvo ese acompañamiento, frente al 83% de quienes tenían entre 16 y 24 años. Además, de los resultados generales se infiere que quienes acceden a terapias de hormonización a través del sistema de salud también lo hacen a controles de salud periódicos, y utilizan ese espacio para realizar otras consultas.
Pese a los avances en materia de accesibilidad a la salud, el uso de las siliconas líquidas y los aceites industriales para realizar modificaciones corporales continúa siendo un problema recurrente entre las travestis y feminidades trans. El relevamiento indica que el 67% ha recurrido a estos métodos en condiciones precarias y de manera casera. Siguiendo con el análisis generacional, entre las personas mayores de 55 años, más del 80% tiene que convivir y enfrentar los efectos no deseados de ese procedimiento. En este punto, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan tiene que ver con la ausencia de técnicas médicas adecuadas y de investigaciones clínicas para la extracción de los materiales.
Sobre la accesibilidad al sistema de salud, la gran mayoría de las personas encuestadas lo hace a través del sistema público, especialmente en los CADS. Lo que da cuenta de la importancia de mantener políticas públicas focalizadas e integrales dentro del sistema de salud que trabaje específicamente con población travesti trans, así como también la capacitación continua de profesionales con perspectiva de género.
La construcción de bases estadísticas sólidas son insumos indispensables para seguir pensando la implementación de políticas sociales que disminuyan las desigualdades sociales. Esos insumos los construimos también en las Universidades Públicas, en la articulación indispensable y necesaria con los colectivos travestis y trans que vienen trabajando en los territorios desde hace décadas.
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