El Gobierno utilizará el préstamo del Banco Mundial por un monto de US$1.000 millones para modificar el esquema de subsidios a la energía y el transporte, con el propósito de orientar la ayuda estatal exclusivamente a los usuarios más carenciados aplicando una tarifa diferencial.
De esta manera, se eliminará el actual esquema de segmentación de tarifas de energía. Al mismo tiempo, buscará reducir los subsidios a los colectivos, por más que ello tenga su correspondiente impacto en la inflación.
El préstamo con el Banco Mundial se hizo bajo la condición de que el Gobierno se comprometa a desarrollar "capacidades institucionales" y orientar los recursos del Estado con "perspectiva de género", así como también la prevención y la respuesta ante el "acoso sexual" en el transporte, y la mitigación del "cambio climático", a través de la transición hacia modelos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Si bien el Banco Mundial ya aprobó el crédito, sus desembolsos se realizarán el año próximo. El Proyecto de Apoyo a la Sostenibilidad y Equidad del Transporte Público otorgará US$500 millones y establece criterios para la "elegibilidad" de usuarios a recibir subsidios mediante un programa de tarifa social, a partir de la vinculación de los datos de los individuos registrados en distintos organismos estatales con los de las personas en el registro del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Ese programa prevé que se deberán sumar en los próximos años unos 400.000 beneficiarios a la tarifa social y que cerca de 1.360 millones de viajes deberán ser subsidiados. El capital del préstamo será devuelto en cuotas semestrales entre el 1 de diciembre de 2031 y el 1 de junio de 2056, a razón de US$20 millones por año.
Mientras tanto, el Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sostenible, por otros US$500 millones, fija como una de sus metas "definir hogares de bajos ingresos a ser protegidos contra mayores incrementos en las tarifas, con la inclusión de una perspectiva de género cuando sea factible".
La intención oficial es racionalizar el gasto en subsidios, que este año ya bajaron un 34% frente al período enero-octubre 2023, mientras que en 2025 volverían a caer entre 30% y 40% para representar menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), hasta cerca de los u$s4.000 millones.
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