El expresidente Fernández declaró esta mañana ante el juez Julián Ercolini en Comodoro Py y negó cualquier vinculación con maniobras de favorecimientos con los seguros. Su presencia en los Tribunales de Comodro Py se dio luego del rechazo de la Justicia ante su pedido de suspensión de la audiencia.
La citación estaba pautada para el 20 de noviembre pero la Fiscalía a cargo del caso la postergó para hoy. Pasado el mediodía, finalizó la indagatoria y Alberto Fernández se retiró del recinto sin brindar declaraciones a la prensa.
En la sala, Alberto Fernández negó haber participado de la maniobra de favorecimiento a Nación Seguros y no respondió preguntas ni del juez ni del fiscal Carlos Rívolo, en un contexto en el que el exmandatario pide que se avance en la recusación del juez a cargo, Julián Ercolini.
Durante la indagatoria, Fernández defendió el decreto 823/21, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. Aclaró que ese norma finalizó con la “cartelización” aunque destacó que no fue de su autoría.
Su abogada, Mariana Barbitta, dijo a los medios que la declaración fue tensa, porque Fernández insistió la recusación a Ercolini. "No está ante un juez imparcial", precisó. Además, planteó que el decreto de los seguros "es jurídicamente impecable, legítimo y está sostenido en el marco de una decisión administrativa".
Y sumó: "No hay ninguna discusión sobre el decreto, el objetivo estuvo relacionado a cortar la carterización. La propuesta del decreto, que tuvo sus antecedentes en años anteriores, como en 2021 respecto de YPF, era de limitar que las divisas salgan al exterior". De igual modo, agregó que pedirán la nulidad de la indagatoria.
Respecto de la posición de Alberto Fernández, que negó haber cometido los delitos de "administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el Estado" por los que se lo acusa, la magistrada dijo que el expresidente "en ningún momento benefició a nadie, el decreto excluía la posibilidad de intermediación. Esto (la indagatoria) tiene que ver con un direccionamiento político, se puso en juego una política que no es judiciable", insistió Barbitta.
Concretamente, el exmandatario está acusado de promover la ley que eliminó las licitaciones públicas para la contratación de pólizas, favoreciendo a Nación Seguros S.A., lo que, según la acusación, le generó un problema al Estado. La imputación es por el delito de "presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de un esquema irregular de intermediación de seguros públicos". Además de implicar al exmandatario, también compromete a otros funcionarios y empresarios que, según la investigación, habrían trabajado de manera coordinada para dirigir irregularmente la contratación de seguros a través de intermediarios privados.
Para la Justicia, la maniobra benefició a un grupo reducido de empresas y se concentra en tres grandes grupos. Héctor Martínez Sosa, el amigo del expresidente, estaba a cargo de uno de esos grupos y varias empresas funcionaban a su alrededor. La principal era Bachellier, que el año que más cobró fue en 2022, con $700.416.803.
Por su parte, Alberto Fernández había reclamado por la suspensión de la indagatoria, justificando que la acusación era confusa y generalizada. No solo esto, sino que planteó la nulidad de la citación a declarar, asegurando que la Corte Suprema todavía no se había expedido sobre la recusación que su defensa había planteado contra el juez Julián Ercolini, que es quien está a cargo de este caso.
Los abogados del expresidente creen que el cuestionamiento a la imparcialidad de Ercolini tiene que resolverse antes de seguir con la indagatoria. A pesar de eso, la Justicia negó este pedido, en un fallo en el que sostuvo que la citación estaba totalmente fundamentada y que no podía ser suspendida ni aplazada.
Finalmente, hay que resaltar que la investigación está enfocada concretamente en el decreto 823/2021, firmado por Fernández en diciembre del 2021, que obligaba a los ministerios y otros organismos estatales a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros. Según la acusación, esta determinación habría sido diseñada para favorecer a intermediarios privados sin licitación pública y sin impulsar la competencia o la transparencia en el proceso.
Más Información
