Se suspendió la reunión de la Comisión de Presupuesto en que el Gobierno esperaba lograr un dictamen de mayoría y desde Casa Rosada endurecieron su postura ante las exigencias de las provincias, ahogadas financieramente y sin capacidad para sostener sus gastos básicos. “No hay plata”, es la consigna.
“Los gobernadores quieren parte de la coparticipación. Eso es plata que no tendría el Estado para mantener el superávit fiscal. Lo que les planteamos es que digan de dónde sacar la plata”, dijeron en Casa Rosada.
En el entorno de Milei preocupa la señal que podría significar para los mercados que no se logre un acuerdo para el presupuesto 2025, pero detallaron que las peticiones de los gobernadores significan 3700 millones de dólares que atentan contra el equilibrio de las cuentas públicas.
La exigencia central del Ejecutivo es que las provincias acepten que se mantenga pisado el freno sobre la obra pública que está pactada en acuerdos.
El Gobierno aprovechó para colar en la discusión del presupuesto la reforma electoral que no habían logrado aprobar durante el debate de la ley Bases y que anunciaron, con cambios, el viernes.
Por su parte, los gobernadores evaluarán puertas adentro si están dispuestos a respaldar al oficialismo a pesar de la intransigencia frente a sus reclamos. En principio, tienen un margen de acción acotado frente a un Gobierno que se encuentra en alza ante la opinión pública. De hecho, todos los mandatarios del interior se cuidaron durante las últimas horas de criticar al primer mandatario, en la línea del silencio total que cumplen desde hace meses.
Entre los reclamos que elevan desde las provincias está una modificación en las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles. Hasta ahora, lo recaudado tiene seis asignaciones específicas (es decir, áreas adonde se destina el presupuesto) entre las que están obras públicas y subsidios al transporte. La crítica de los gobernadores nace de que como se paralizó la obra pública y Nación cesó de subsidiar el transporte, el Gobierno utiliza ese excedente de dinero para sostener el equilibrio fiscal, pero lo que buscan es redireccionarlo.
Otro reclamo de las provincias es sobre ARCA, la institución que reemplazó a la AFIP, que recibe el 1,9% de la recaudación neta total para financiarse. En este punto sostienen que si se redujo su estructura, tal como precisó el Gobierno, los recursos tributarios que salen de las provincias también tienen que volver a la masa coparticipable.
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