La justicia federal de Pehuajó le ordenó al Estado nacional reactivar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) luego de su desmantelamiento a partir de la gestión de Javier Milei. El juez federal Andrés Heim observó que el desfinanciamiento de las políticas de integración socio urbana afecta los derechos de vecinos y vecinas de todos los barrios populares del país. El fallo le exige al Gobierno nacional que en 3 meses elabore un plan para garantizar la continuidad de las obras.
El FISU es un fondo fiduciario conformado con un 9% del Impuesto PAÍS y un 15% del Impuesto a las Grandes Fortunas. Con esos fondos se financiaban las obras que proveían servicios básicos -conexiones a las redes de agua, gas y electricidad- en los barrios populares de todo el país. El fideicomiso quedó desmantelado a partir de la gestión de Javier Milei y las obras que se estaban llevando adelante quedaron paralizadas.
El juez Heim le exigió al Estado nacional retomar las obras para dar "continuidad a la política pública consistente en la integración socio urbana de los barrios populares registrados en RENABAP". En el fallo el magistrado analiza la relevancia y la eficacia de esa política desarrollada durante dos gestiones con distinta bandera política -gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández-.

El fallo de Heim le hizo lugar a una medida cautelar impulsada por vecinos y vecinas de 40 barrios populares de distintas provincias del país -Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut-. Pidieron que se declare la inconstitucionalidad del decreto 193/24 que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el impuesto PAIS. Participaron de la presentación en la Justicia el sacerdote Lorenzo de Vedia -conocido como el Padre Toto del Equipo de Sacerdotes para las Villas y Barrios Populares- y el CELS.
"Esperemos que esta vez los funcionarios del área pertinente cumplan el fallo, implementen plenamente la política de integración sociourbana fijada por ley, terminen las obras paralizadas. Esto no es una “batalla cultural”, es una política de Estado. Ahora depende de ustedes y tienen toda la predisposición de las organizaciones sociales y eclesiales, las provincias y municipios de todos los colores políticos para hacerlo", expresó Juan Grabois en sus redes sociales, al celebrar el fallo judicial.
¿Qué es el FISU?
El régimen de regularización dominial para la Integración Socio Urbana, más conocido como Ley de Barrios Populares, fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras en 2018. A partir de esa normativa se creó el FISU mediante el cual se financiaban las obras. Gracias al empuje de muchas voluntades, en una Argentina signada por la grieta, se tejió una política de Estado que logró acuerdos sin precedentes.

De la mano de la Secretaria de Integración Socio Urbana (Sisu) del Ministerio de Desarrollo Social, se invirtieron desde la creación del programa el 100% de los fondos en 1300 barrios populares. Se crearon más de 24 mil lotes con servicios y se llevaron a cabo 250 mil mejoramientos de viviendas y 250 mil conexiones intradomiciliarias de servicios básicos -agua, gas y electricidad-.
La gestión del FISU -que durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo a cargo de Fernanda Miño- se llevó el reconocimiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de certificaciones de la Universidad Católica y el Cippec. Hasta los propios funcionarios de Milei que auditaron lo hecho en la SISU confirmaron que la secretaría cumplía con su misión.

En una entrevista radial, Sebastián Pareja consideró que la SISU "fue la única secretaría que funcionó" en el gobierno de Alberto Fernández. Destacó que la gestión de Miño contó con los elogios del BID, catalogándola como "un ejemplo". "No me imagino al BID acompañando una política de corrupción respecto con un tema tan sensible como organizar una villa de emergencia", exaltó el funcionario. Después de sus comentarios, Pareja quedó ¡afuera! del Gobierno.
Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana y expresidenta del FISU, dejó la Secretaría luego del triunfo de Javier Milei. Desde que el libertario asumió en Casa Rosada, Miño es perseguida políticamente por su gestión de los fondos de la SISU. El pasado 8 de octubre sufrió un violento allanamiento en su casa en la villa La Cava donde sigue viviendo tras su paso por la gestión pública. Agentes de la policía ingresaron por la fuerza y la golpearon a ella y a sus hijas por un supuesto delito en el que estaba involucrado un vehículo que Fernanda había vendido.