El Gobierno evalúa la posibilidad de nombrar a un miembro de la Corte Suprema por decreto. En diciembre, el máximo Tribunal quedaría solo con 3 miembros a causa de la renuncia por edad jubilatoria del magistrado Juan Carlos Maqueda. Al ser consultado, el Presidente Javier Milei no descartó la posibilidad de nombrar a uno de los dos jueces por decreto, cuyos pliegos ya envió al Congreso. Para el juez Alejandro Slokar, esa posibilidad "es contraria al derecho".
En diálogo con Alejandro Bercovich al aire de Radio Con Vos, el juez Alejandro Slokar se refirió a la posibilidad de que Javier Milei elija por decreto a un miembro de la Corte Suprema y consideró que un escenario como ese "evoca a la dictadura genocida que revocó a la Corte y puso a sus cómplices".
En ese sentido, Slokar remarcó que "no hay habilitaciones constitucionales para una designación de esta naturaleza". Además, agregó: "Viola la división republicana de poderes. La constitución dice que corresponde al Senado la promulgación de los miembros de la Corte".
Existe un antecedente. En 2015, Mauricio Macri dictó un decreto mediante el cual dispuso el nombramiento de Rosenkrantz y Rosatti como jueces de la Corte Suprema “en comisión”. Pero en aquel entonces, ninguno de los dos magistrados juró en su cargo -medida cautelar mediante- hasta que el oficialismo obtuvo el acuerdo del Senado de la Nación, como establece la Constitución nacional.
"En 2015 el intento de designación por decreto de miembros de la Corte Suprema fue rechazada por la gran mayoría de los juristas de la Argentina", recordó Slokar sobre ese antecedente en conversación con Alejandro Bercovich. "El topo que dice que vino a eliminar al Estado, está tratando de eliminar al Estado de Derecho", concluyó.
Por otra parte, Slokar se refirió a la decisión del Gobierno de quitarle la jubilación presidencial a Cristina Kirchner: "Es arbitrario porque solo tiene un alcance personal", dijo. Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación confirmó la condena a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa de la exmandataria tiene 10 días hábiles para apelar el fallo en la Corte Suprema. Será el máximo Tribunal quien resuelva el expediente.
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