El Parlamento Europeo aprobó hoy la prorroga para la entrada en vigencia de la normativa 1115/2023 que obligaba a los países proveedores de alimentos a dicho bloque a cumplir con exigencias de productos libre de deforestación, cuestión que fue fuertemente resistida por las entidades agropecuarias y el sector exportador argentino.
De esta manera, la iniciativa, que debía entrar en vigencia el 1° de enero de 2025, ahora lo hará recién a finales de dicho año. “Este plazo adicional permitirá a los operadores de todo el mundo aplicar las normas sin problemas desde el principio, sin socavar los objetivos de la ley”, explicaron desde la Unión Europea.
Esta prórroga fue aprobada con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones. Allí no solo se definió que los denominados grandes operadores tendrán tiempo para adecuarse a los requisitos hasta el 30 de diciembre, sino que los de menor tamaño tendrán un plazo que se extiende hasta el 30 de junio de 2026s.
La normativa plantea que una canasta de productos, entre ellos la soja y la carne bovina, deben estar certificados como libre de deforestación para poder ingresar al bloque, cuestión que fue tomada por parte de los países exportadores - entre ellos Argentina - como simples medidas para arancelarias.
Reacciones
Por supuesto que tanto el agro como el sector exportador vieron con buenos ojos esta prórroga. Así, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, consideró que la "aprobación del Parlamento Europeo de la prórroga de 12 meses que hoy fue apoyada por los principales bloques parlamentarios es una avance importante en las gestiones que venimos desarrollando desde hace varios años con la Cancillería y el Ministerio de Economía de Argentina".
Para Idígoras, "es el momento de aprovechar este espacio de 12 meses para lograr avanzar en revisiones profundas del reglamento europeo que ya estamos trabajando con las entidades de productores, acopiadores, cooperativas, frigoríficos y otros actores claves".
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que "desde un primer momento nuestra entidad rechazó de manera categórica esta iniciativa tanto en ámbitos nacionales como internacionales. No obstante, desde hace 2 años trabajamos arduamente y hoy vemos que se logró un avance que parecía imposible de lograr".
"Si bien seguimos sosteniendo nuestras objeciones, ahora el desafío será seguir recorriendo el mismo camino para lograr que nunca se implemente este tipo de normativas que implican una invasión sobre la soberanía nacional. Somos parte de la solución, no del problema. Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales", concluyó Pino.
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