La UCR y Cambio Federal presentaron un proyecto de Ley para autorizar fumigar con agrotóxicos a solo diez metros de centros poblacionales y 45 metros para el caso de zonas habitadas, donde hay escuelas rurales y viviendas.
La responsable de presentar el polémico proyecto es la diputada bonaerense por la UCR Silvana Vaccarezza, que a su vez es productora agropecuaria de Alberti. En el borrador del proyecto, que ya está en estado parlamentario desde el 25 de septiembre de este año, se propone regular el uso de fitosanitarios tóxicos para fumigar la producción agroindustrial.
Así, el proyecto sostiene que la aplicación de los fitosanitarios debe realizarse a la corta distancia de "diez metros para el caso de aplicaciones terrestres y 45 metros para el caso de aplicaciones aéreas contados desde el límite de área o lote hacia la zona productiva” de las "zonas sensibles", es decir, las zonas habitadas, donde hay centros urbanos, escuelas rurales y viviendas.
Desde las organizaciones de vecinos y las agrupaciones ambientalistas denuncian el peligro de este proyecto por tratarse de distancias "absurdas" bajo las que la aplicación de glifosato representa un peligro para la salud de las personas.
Contaminación por plaguicidas y daño en la salud
La víctima de contaminación por agrotóxicos Sabrina Ortiz expresa: "La ley propone distancias absurdas. En el juicio de Pergamino logramos demostrar con pericias y estudios que fumigar con agroquímicos a menos de mil metros provoca el aumento de daño genético, no lo digo yo, lo dicen los médicos, las investigaciones científicas y los análisis que le hicieron a mi familia, principalmente los de mis hijos. No me la contaron, vi los resultados con mis propios ojos", en diálogo con Tiempo Argentino.
Ortiz es oriunda de Pergamino, tierra fumigada y con agua que contiene agrotóxicos; y perdió un embarazo de cinco meses y tuvo dos ACV producto de la contaminación. En los análisis de sus hijos menores de edad, los resultados muestran que viven con glifosato en el cuerpo, un pesticida catalogado en 2015 como "probablemente cancerígeno" por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).
Según los datos que arroja la investigación de Fernanda Sández en La Argentina fumigada, "desde hace dos décadas una cifra estimada en doce millones de argentinos vive sistemáticamente sometida a fumigaciones", por lo que la contaminación con agrotóxicos no se produce sólo en algunas provincias, sino que se trata de una práctica generalizada.
Desde la organización socioambiental Guardianes del Yberá denuncian la muerte por contaminación de María Eugenia Sánchez, de 39 años de edad, que falleció en la ciudad de Goya, Corrientes, después de que fallecieran sus dos hijos, José Carlos "Kily" Rivero, de 4 años, y Antonella Sánchez, de 19, por la misma causa.
En 2023, tras la lucha de Eugenia y de la comunidad, once años después de la muerte de Kily, el Tribunal Oral Penal de Goya condenó al productor acusado, Oscar Antonio Candussi, a tres años de prisión condicional por la muerta del nene, ya que la autopsia reveló que sufrió una falla hepática fulminante, falla multiorgánica de origen tóxico por plaguicidas.