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Sociedad

"Un nuevo e interesante negocio": Qué implica la desregulación del correo para los usuarios del servicio postal

Según Federico Sturzenneger, la idea es eliminar las “decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios” en el rubro de entregas postales.
Correo

Tras el anuncio de Manuel Adorni de avanzar en la desregulación del servicio de correos, esta mañana se publicó el decreto con el que se abre el mercado postal a nuevos operadores. “Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal”, había anunciado el vocero presidencial en un posteo en X.

A través del Decreto 1005/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación buscan “fomentar la competencia entre las empresas y facilitar a los usuarios el envío de telegramas, cartas documento y encomiendas”.

Según el Ministerio que dirige Federico Sturzenegger, la idea es eliminar las “decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios”. En su cuenta de X, el ministro explicó que pese al fin del monopolio de Correos decretado por Domingo Cavallo en los 90', "persistían restricciones al ingreso a la actividad a través de complicados sistemas de registración y habilitación", que castigaban a las pymes y a la innovación.

"A partir del 1005/24 no existe más un proceso de habilitación; cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad. En mensajería urbana también lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; se caen todos los trámites de habilitación: el negocio pasa a ser libre", explicó.

Cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad. En mensajería urbana también lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones

Según expuso Sturzenneger, la medida no innova ni altera las disposiciones sobre secreto postal ni en materia de seguridad y se espera que "abra un nuevo e interesante negocio": "La no exigencia de comprobar vehículos en mensajería urbana implica que cualquier actor podrá operar como punto de entrega y repartidor de envíos postales, facilitando el desarrollo del comercio electrónico y generando una fuente de ingresos adicionales para comercios, canillitas, remiseros y operadores de plataformas".

Se garantiza el servicio postal

Por ley, Correo Argentino tiene que brindar el Servicio Básico Universal (S.B.U.), lo que significa que tiene que llegar a todos los rincones del país con cierta frecuencia y a un "precio accesible". Ofrece servicios de correo, transferencias de dinero y telegrafía.

Con el decreto, Correo Argentino sigue siendo, por ahora, el mínimo prestador que se ofrece en Argentina (el "oficial"), encargado obligado de las elecciones y de emisión de estampillas y sellos postales, aunque el Poder Ejecutivo se reserva el derecho a cambiarlo.

Además, el decreto permite la identificación remota por biometría para cartas documentos y telegramas. En su artículo tercero, el decreto asegura que “los operadores postales podrán realizar la verificación de identidad del remitente o destinatario de forma digital mediante una validación remota de identidad en tiempo real con el Registro Nacional de Personas, utilizando factores de autenticación biométrica o mediante otro mecanismo de validación remota de identidad”.

Los operadores postales podrán realizar la verificación de identidad del remitente o destinatario de forma digital mediante una validación remota de identidad en tiempo real con el Registro Nacional de Personas, utilizando factores de autenticación biométrica

Hoy en día, el Estado es el único dueño de Correo Argentino, que tiene más de 1.400 sucursales en todo el país. En 2023, la empresa perdió $71.322 millones. A principios de este año, el Gobierno le envió $90.000 millones para poner en marcha un plan de retiros voluntarios.

La empresa no está en la lista de las que se pueden privatizar, según lo que establece la ley Bases, al igual que Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

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