La despedida de Hugo Sigman, uno de los popes de la industria farmacéutica, al ex ministro de Salud, Ginés González García, en las redes sociales tras su muerte, fue tal vez la postal de un cambio de época.
“Creador de políticas de salud públicas y formador de sanitaristas. Apasionado por el peronismo, Racing, la buena comida, los amigos y sus afectos. Siempre curioso, nunca envidioso ni con odio. Abrazamos a Gloria, Maya, Lorena, nietos y a todos los que lo quieren. Chau querido Gines”, escribió el empresario dueño de, entre otras firmas, el laboratorio Elea.
Tras largos años con el poder de los laboratorios influenciando en las decisiones sanitarias para bien o para mal, el gobierno de Javier Milei ha inaugurado otra etapa, la del diseño de políticas públicas según los intereses de las empresas de medicina prepaga. Porque si la Argentina es el país del péndulo macroeconómico e ideológico, también parece que lo es en materia del poder y la salud.
La revancha de las prepagas se terminó de consolidar con la llegada de Mario Lugones al ministerio de Salud, tras la salida de Mario Russo hace un mes. Lugones, padre de Rodrigo, socio del todopoderoso asesor Santiago Caputo, es un histórico hombre del sector, propietario de la empresa de salud Hominis y del Sanatorio Güemes.
Si bien su llegada causó revuelo por el despido del directorio del hospital pediátrico Garrahan tras el pago de un bono y por la reestructuración del centro de salud mental Laura Bonaparte, las decisiones que está tomando en su administración vienen a completar un enfoque muy claro que rige desde el 10 de diciembre: corregir las cuotas incluso más allá de los atrasos acumulados y poner límite a los costos que enfrenta este eslabón clave del sistema de salud.
Desde el decreto 70 del año pasado, cuando se eliminó toda regulación sobre las compañías que cubren la salud de 5 millones de personas, quedó claro que los vientos habían cambiado. Las cuotas volaron y llegaron a representar el 30% del ingreso de los afiliados.
Es cierto que después, ante el impacto en la clase media, el Gobierno sobrerreaccionó y hasta acusó en público al dueño de una de las principales firmas de conspirador, pero cuando se observa cómo se resolvió ese entuerto queda claro que fue todo fulbito para la tribuna y que la nueva era continúa.
En su momento se había anunciado un acuerdo para retrotraer los aumentos y la devolución en varios pagos de lo que se hubiera cobrado en exceso, antes de luego volver a liberar todas las cuotas desde julio, porque la libertad de mercado ante todo.
De acuerdo con un trabajo del centro de estudios Iaraf, que conduce Nadín Argañaraz, tomando los casos de los planes de OSDE, la líder del sector, y OMINT, una de las competidoras en crecimiento, se puede observar que las prepagas no reintegraron a sus afiliados lo que según el Poder Ejecutivo habían cobrado de más.
OSDE cobró en los tres meses de actualización furiosa de las cuotas unos $112.565 por encima de la evolución de la pauta fijada. En estos primeros dos meses de devolución, dice el IARAF, el consumidor recibió $7.204, mientras que tendría que haber recibido $18.761 para que la devolución en 12 cuotas iguales no signifique una pérdida monetaria. “Es decir, hasta el momento, el consumidor recibió $11.557 menos de lo que debería”, puntualiza.
En el caso de OMINT, en tanto, el cobro por arriba de lo que luego se fijó como límite fue de $186.870 por cada afiliado. En los primeros tres meses de devolución, indica el estudio, el consumidor recibió $15.296, mientras que tendría que haber recibido $46.718 para que la devolución en 12 cuotas cumpla el objetivo de recomponer lo que se cobró de más. “Es decir, hasta el momento, el consumidor recibió $31.422 menos de lo que debería”, indica.
Obvio que este mes habrá nuevos aumentos en las cuotas, que irán del 3,9 al 6,9% según la compañía y según el plan, en un contexto en el que la inflación se encamina a empezar con 2 cuando se conozca el valor de octubre.
Vale mirar la película larga de las cuotas para ver cuánto más puede estirarse la sed de desquite de los dueños de las compañías que financian el sistema privado, ese eslabón entre el paciente y los prestadores, es decir, los sanatorios y las clínicas y los profesionales.
De acuerdo con el mismo trabajo del Iaraf, en marzo de 2016 el valor real del plan de la prepaga era de $170.000 y experimentó un incremento sostenido de 19 meses hasta el valor de $267.776, es decir que subió un 79% en 19 meses. Por su parte, en la actualidad el valor del plan era de $170.000 en el mes de diciembre y subió un 57%, llegando a $267.509 en abril. Es decir que en tan solo 4 meses subió un 57%, aproximadamente.
“La recomposición relativa actual se hizo en un quinto de tiempo del que se hizo en el periodo 2016-2018”, subraya el informe, que indica que luego del acuerdo el valor real cayó hasta alcanzar en mayo un mínimo de $212.000.
Desde junio, la cuota de la prepaga volvió a aumentar en términos reales y ya en septiembre el valor de ese ejemplo sería de $237.543, un 40% mayor en términos reales que la de diciembre aunque todavía un 11% por debajo del pico de 2017. Eso, vale repetir, a septiembre. En octubre volvieron a aumentar. Y lo dicho para este mes.
Con la rienda suelta en las cuotas, la gestión del “ex” dueño de Hominis incorporó esta semana con la resolución 3934 del Ministerio de Salud un nuevo eje de la gestión pública en favor de la razón privada: la búsqueda de contener los costos y de reducir “el riesgo financiero” para las empresas del sector.
La medida establece que los planes llamados “cerrados”, básicamente los más baratos, no contemplarán la prescripción de medicamentos y tratamientos de los médicos que no estén en la cartilla que ofrece cada compañía.
El objetivo, en primera medida, es limitar el reclamo judicial de la cobertura de los tratamientos de alto costo, un dolor de cabeza serio que pone en riesgo a empresas de medicina prepaga y obras sociales y a todo el sistema, pero también habilita la restricción al máximo posible lo que están obligadas cubrir por todo concepto.
La decisión fue tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que encabeza Gabriel Oriolo, un hombre con 30 años de carrera en distintos puestos de influencia en OSDE, como se dijo, la compañía líder del mercado.
El evidente envalentonamiento de las prepagas que aprovechan su momento con funcionarios del palo que toman medidas que mejoran los ingresos y contienen los costos, contribuye al mismo tiempo a iluminar lo que han sido las ventajas de un sector clave en el encarecimiento de la atención sanitaria: los laboratorios.
En ese punto, la Unión Argentina de la Salud (UAS) publicó un documento hace dos semanas donde destaca que “los precios de los medicamentos en nuestro país son sustancialmente más altos”. Estos son los ejemplos: la metformina, que en Argentina cuesta $34.517, en España se consigue a 2,90 euros, es decir unos $4.350; mientras que el diclofenac 75 que acá sale $20.455, en España sale 2,50 euros, es decir, $3.750.
El Ministerio de Desregulación que comanda Federico Sturzenegger es el principal aliado de las prepagas en este punto. Tras habilitarle a la provincia de Mendoza que pueda importar fármacos de la India, está en una cruzada para conseguir que bajen los remedios en las farmacias, y por ende también, en las planillas de costos de todo el sistema.
El péndulo del poder del big pharma argentino pareciera, por ahora, sólo pareciera, estar siendo desplazado por la irrupción del poder de los financiadores. La situación del sistema de salud es tan delicada acá y en todo el mundo, al calor de la mayor expectativa de vida y los desarrollos médicos más avanzados ultra costosos, que ameritaría un enfoque menos corporativo y más integral.
Sobre todo porque daría la impresión que hay dos segmentos que sufren y nunca inciden en la agenda sanitaria: los pacientes, que para conseguir atención a un precio pagable muchas veces pierden calidad y consiguen turnos a los premios, y ni qué hablar los profesionales médicos y enfermeros que no reciben el traslado de la mejora de las cuotas en mejores pagas por sus prestaciones, lo que hace que dejen de atender en los planes de salud pública y privada y todo empeore aún más.
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