El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo del juez Walter Lara Correa, determinó que el Estado Nacional deberá continuar con los programas de entrega de alimentos a comedores y a merenderos de todo el país. La decisión del magistrado fue tomada tras un amparo presentado por organizaciones sociales.
En el marco del conflicto por la retención de alimentos destinados a comedores y merenderos populares, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un amparo al que adhirieron otras organizaciones y la defensora pública Florencia Plazas, en representación de niños, niñas y adolescentes que ven vulnerado su derecho a la alimentación.
Lara Correa hizo lugar al planteo de las organizaciones a través de un escrito de más de 100 páginas en el que sostiene que “la solución se circunscribe al mantenimiento de los programas de alimentación vigentes”, lo cual a su vez permitirá garantizar la no discriminación y el principio de igualdad.
En concreto, la sentencia refiere a los programas Alimentar Comunidad, Prestación Alimentar, Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004 y el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre. En ella también se aclara que el Poder Ejecutivo mantiene su facultad para reestructurar o auditar dichos programas, siempre que garantice el derecho a la alimentación.
El juez también indicó que el Ministerio de Capital Humano tendrá que informar, mes a mes, sobre el desarrollo de los programas de entrega de alimentos a comedores, detallando cantidad de personas alcanzadas y ubicación geográfica del espacio que los recibe. De igual manera, el Gobierno deberá reportar qué convenios y políticas en la materia impulsará junto con gobiernos provinciales y municipales.
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