El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, conversó con Radio Con Vos sobre el conflicto que atraviesan las 60 universidades nacionales ante el desfinanciamiento dispuesto por el Gobierno. El funcionario explicó la disputa que surge de la intención de Javier Milei de auditar las casas de estudios desde la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y definió al manejo oficial del tema como una “generalización de frases que son más políticas que técnicas”.
“Cuando se habla de auditorias se habla de dos mecanismos de control: un control interno y un control externo, que son las auditorías que realiza la AGN. En el caso de las universidades, lo que está en discusión es quién hace el control interno. No hay duda que el control externo la hace la AGN”, explicó Juan Manuel Olmos por Futuro Imperfecto. En ese sentido, comentó que acaba de aprobar auditorías para varias facultades nacionales, entre ellas la de Medicina de la UBA.
En adelante, explicó que la auditoría que hace la AGN actúa a ejercicio presupuestario vencido en lo que se llama “control ex post”, pero agregó que hay un control concomitante, que se realiza mientras transcurren los actos administrativos, que es el interno. Ahí es donde radica la disputa: el Gobierno de Milei insiste en que ese control interno lo realice la SIGEN, que depende del Poder Ejecutivo, a lo cual varias casas de estudios se oponen porque ni la Constitución Nacional ni la Ley de Educación Superior lo permiten.
“La Constitución, en su artículo 75 inciso 19, dice que las universidades nacionales serán autónomas y autárquicas financieramente; el control interno lo tiene que realizar la propia universidad”, explicó Olmos. En tanto, el art. 59 bis de la Ley de Educación Superior establece que el control externo lo debe hacer la AGN y que el interno será el que decidan las propias casas de estudios. “Por eso las universidades que firmaron convenios con la SIGEN pueden ser auditadas por la Sindicatura, porque es voluntad de ellas. Las que dicen que no, es ahí donde está el conflicto”.
En adelante, Olmos interpretó: “Yo supongo que para ajustar el presupuesto de las universidades Milei quiere controlar cómo se gasta y en qué se gasta el dinero que pone el Ejecutivo. En algunos casos, el desfinanciamiento tiende a poner en riesgo el funcionamiento del propio organismo que está desfinanciando, y esa es la pelea de los estudiantes. Si no se financia a la universidad con los recursos que necesita para funcionar, está en riesgo”.
Dicho esto, condenó el manejo del tema que hace el Gobierno a través de “la generalización de frases que son más políticas que técnicas”, las cuales efectivamente “tienden a armar un discurso político: ‘todas las universidades roban’, ‘todo el Congreso son unas ratas’, (son frases que) no responden a una realidad concreta”. En ese sentido, Olmos explicó que en muchos casos la AGN sí detectó manejos “objetables” pero no necesariamente por actos de corrupción sino por no ser eficientes financieramente, ante lo cual, en general, el organismo ordena aplicar correcciones y les hace un seguimiento.
“Cuando se está ante una posible comisión de un delito, ese informe se manda a la Justicia. Pero no necesariamente podemos hablar de hechos de corrupción porque eso no es una función de la AGN. Decir 'son todos ladrones', 'las universidades roban', 'no van los pobres', son eslóganes”, se explayó el presidente de la Auditoría. En la misma línea, criticó el hecho de que “falta mucha seriedad en la discusión pública, porque se tiran estadísticas que no se sabe de dónde salen”.
Por último, reconoció como “un avance” el hecho de que Milei haya aclarado que las universidades no se arancelarán, pero advirtió que “si las desfinancia, van a cerrar carreras”: “Se puede disminuir su infraestructura, pagar salarios muy bajos, todo eso va a resentir la calidad educativa. La educación no es un servicio, es un derecho, está en el artículo 75 inciso 19: la educación de gestión estatal es equitativa y gratuita. Muchas veces parece que Milei pelea contra la Constitución”, desarrolló y consideró que reducir la oferta universitaria también es un atentado contra el derecho constitucional.
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