La Cámara Federal porteña reabrió la causa de la Ruta del Dinero K y pidió seguir investigando a Cristina Kirchner. La decisión se tomó este martes con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. A su vez, el tercer camarista Eduardo Farah fue quien votó en minoría a favor de la decisión del juez Sebastián Casanello.
Asimismo, la Cámara Federal desestimó el pedido de Cristina de correr al juez Casanello del caso donde Lázaro Báez, socio de la expresidenta, había sido condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero.
No está de más recordar que el año pasado, en base a la opinión que emitió en su momento el fiscal Guillermo Marijuán, que compartieron el Fisco y la Unidad de Información Financiera (UIF), el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a Cristina. En tanto, la Oficina Anticorrupción se bajó al inicio de la gestión de Alberto Fernández y el expediente había quedado en el aire.
Ahora, la Cámara reactivó la investigación sobre el rol de Cristina en las supuestas maniobras de corrupción al aceptar una apelación de la querella -la asociación civil Bases– en contra del dictamen.
Qué dice la resolución sobre la causa que involucra a Cristina Kirchner
Según se puede leer en la resolución, el juez Mariano Llorens dijo que en su momento indicó que el fiscal había hecho un análisis sesgado y una evaluación parcial de elementos del proceso, "sin que meritara de manera conglobada una serie de elementos colectados en otras actuaciones, como aquellas pruebas que surgieron del alegato del alegato de su par en la causa conocida como Vialidad”.
Asimismo, Llorens tomó en cuenta las pruebas que muestran la sociedad entre Cristina y Báez como “las declaraciones de los imputados colaboradores (entre ellos Leonardo Fariña y Víctor Manzanares), el testamento de Lázaro Baez, las escrituras secuestradas en la escribanía de Ricardo Albornoz”, entre otros. Fariña y el excontador de los Kirchner se convirtieron en arrepentidos en la causa.
Por otro lado, recordó que en la causa Vialidad los Kirchner y a los Báez habían sido acusados por el direccionamiento de obras públicas por 3.500 millones de dólares lo que “llevó a que ambos fueran condenados por actividades ilícitas vinculadas con la defraudación en perjuicio de la administración pública”.
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