Entre los años 1.997 y 2.003 el grupo empresario asociado a la familia Macri tuvo la concesión del Correo Argentino, que fuera otorgada por el entonces presidente de la República, Carlos Saúl Menem, mediante el Decreto N.º 265/1997, a la empresa formada para tal actividad Correo Argentino Sociedad Anónima.
En el año 2.003, el gobierno del entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, emite el Decreto 1075/2003 que en sus fundamentos sostienen: "Rescíndese, por culpa del Concesionario, el Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A., por el cual se concedió el servicio oficial de correos, y reasúmese transitoriamente la operación del mismo. Instrúyese al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que en un plazo determinado proceda a llamar a Licitación Pública Nacional e Internacional con la finalidad de volver a privatizar el servicio público postal."
La situación había quedado influida cuando en el año 2022 se promulga la ley 25.561 llamada Emergencia pública y reforma del régimen cambiario, que deroga la convertibilidad y pesifica las deudas, y que según sostiene la empresa, le creó un pasivo importante ante la imposibilidad de poder afrontar deudas tomadas en dólares para el desarrollo de la actividad de la empresa. Pero había un antecedente, un quebranto precedente que se produjo dado que el estado nacional había intervenido en las tarifas en los servicios postales, lo que, según adujo la empresa, dañaba la ecuación económica que esta empresa había previsto en su operatoria lo que motivó una demanda al Estado nacional. Esto motivó una demanda hecha en el año 2020 en el Fuero Contencioso Administrativo Federal sobre el tema del control de los precios de las tarifas postales y el daño que esto habría provocado. Esta demanda se suma en una trama de juicios cruzados entre la empresa correos argentinos sociedad anónima y el estado nacional por el cobro de cánones adeudados.
Esta es en este estado de cosas que la empresa ha hecho un pedido en base a la recientemente promulgada ley 27.742 llamada Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, cuyo Artículo 65. Dice: “En toda controversia o reclamo administrativo, judicial y/o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública nacional fundado en supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia, el Poder Ejecutivo nacional estará autorizado para realizar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales, en los términos y con los efectos previstos en los artículos 1641 y siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que el acuerdo se encuentre debidamente fundado y resulte conveniente para los intereses del Estado nacional". En ese pedido se solicita que el estado nacional a través de la Procuración General del Tesoro inicie el proceso transaccional establecido por la ley bases para permitir una solución y no contenciosa de esta cuestión.
Es claro que un conflicto que se resuelve por negociación, supone un arbitraje y una renuncia mutua a las demandas, en particular supone la aceptación, aún en forma parcial de las propuestas del demandante, en este caso la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima.
En este caso, la decisión final pasa por el presidente de la nación en la medida que el Procurador General del Tesoro, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 24.667 asesora y depende del Poder Ejecutivo Nacional; esto crea un ámbito en el cual las negociaciones por intereses políticos o por intereses personales se pueden confundir, y es difícil discriminarlas. Y en ese caso cada una de las partes tomará decisiones en función de esa mezcla de intereses que puedan tener. Y esto nos lleva a preguntarnos por los motivos más profundos que puedan motivar al expresidente Mauricio Macri a entablar una agenda abierta de negociaciones con el actual presidente de la república Javier Milei.
Es claro que expresar los intereses privados en modo franco es una cosa, y emplearlos en negociaciones sobre alianzas políticas y apoyos legislativos respecto de determinadas leyes es otra muy distinta. Justamente por ello, éstas son acciones que tienen distintos nombres y distintas consecuencias políticas. La primera se llama sinceridad, la segunda es distinta. Y a veces se pueden confundir, lo que impone la regla prudente de abstenerse de toda negociación por motivos políticos, mientras haya cuestiones disputadas.
Más Información
