Un asilo o una cárcel es a lo que se termina pareciendo el Hospital Psicoasistencial José T. Borda en palabras de sus trabajadores, a causa de las deficiencias de la Ley Nacional de Salud Mental y del protocolo implementado por el Gobierno de la Ciudad. Gabriela Sánchez, dirigente gremial del centro de salud, considera que las derivaciones se hacen, en muchos casos, con el fin de “limpiar las calles”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige un protocolo específico para las personas en situación de calle que muestren “indicios” de tener un padecimiento de salud mental. En conversación con este medio, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat aseguraron que la intervención se realiza siguiendo una cuidadosa secuencia de pasos: detección, traslado a un Hospital General de Agudos y, de ser diagnosticados, derivación al Centro de Inclusión Social Julieta Lanteri, especializado en salud mental.
No hay menciones al Borda en ese recorrido, aunque sus trabajadores vienen denunciando hace meses una serie de internaciones arbitrarias que se contradicen con los avances en lo que sería un trato más digno para las personas derivadas. Son pocos los casos en que las personas que llegan en el marco del protocolo lo hacen en una ambulancia del SAME: según indica Sánchez, la mayor parte de las veces las personas son llevadas al hospital por la policía, aunque no le consta que luego los trasladen al Lanteri.
En general, “todos venían una situación de precariedad en su estado, pero no muchos de ellos necesitaban -según nuestro equipo interdisciplinario- una internación”, dice la dirigente en diálogo con Diario Con Vos. El problema, añade, es que al venir con la policía la internación es la única opción.
“La Dirección General de Salud Mental te dice ‘necesito dos lugares’ y admisión tiene que tener dos lugares. Cuando le decís que no los tenés, los mandan igual”, detalla. El núcleo de la cuestión es que, en general, no son casos que requieran una internación por una afección “mental”, sino que suele tratarse de personas con adicciones, a las cuales Sánchez cree más atinado relacionar con un problema “social”.
Internar arbitrariamente en el Borda "nos retrasaría 40 años"
La referente de ATE reconoce que “el Protocolo de Salud Mental indica que (las personas en situación de calle) vayan a los hospitales generales. Lo que pasa que los hospitales generales no quieren ocupar camas con pacientes de este tipo y los terminan trayendo acá”. En sus términos, tendría mucho más sentido brindar tratamiento para las adicciones cuando corresponda o solucionar cuestiones sociales de otro tipo como la falta de vivienda y trabajo, que exceden la labor del Borda.
“Durante los últimos 40 años, el hospital ha trabajado mucho en ya no tener esas largas internaciones con pacientes crónicos que quedaban eternamente en el hospital”, fundamenta a continuación y resalta que lograron reducir las camas de 1200 a apenas 350. “Lo que se está haciendo es un tratamiento más de agudo, no llevarlo al a cronicidad”.
En cambio, las internaciones compulsivas “nos retrasarían otra vez 40 años” e implicarían la retención de personas que “obviamente no tienen una cobertura social, no tienen casa, no tienen familia, no tienen trabajo”. En otras palabras, el GCBA terminaría por fomentar el encierro de un conjunto de personas cuya situación se debe a la vulnerabilidad y la expulsión, lo cual de alguna manera patologiza e individualiza algo que en verdad es un problema social. “La realidad que nos quieren convertir en un asilo”, reflexiona Gabriela.
Profundizando, Sánchez resalta que el Borda “no es un hospital que se especialice en adicciones” y que una solución sería que el Gobierno porteño habilite “instancias intermedias” para tratar el consumo de drogas y otras “cuestiones sociales”.
Cuestionamientos a la Ley Nacional de Salud Mental
Mucho antes de la implementación del Protocolo de Salud Mental porteño, los empleados del Borda comenzaron a criticar a la Ley Nacional de Salud Mental por permitir internaciones con orden judicial para personas que representen “un riesgo para sí mismas o para terceros”. En general, son individuos que vienen con “consigna policial”, lo cual implica la presencia de patrulleros y oficiales armados entre los pacientes. “De hecho, hoy hay uno que está vestido de Rambo, no sabemos qué hace ahí, con tantas armas”, desliza.
El Gobierno de la Ciudad, para limpiar las calles, los manda a otros hospitales y de los otros hospitales los derivan acá.
En ese sentido, los trabajadores presenciaron situaciones extremas como la de un paciente que amenazó con un “elemento cortopunzante” a los médicos o la de un policía que disparó al sentirse “amenazado” por un paciente. “Estamos viviendo situaciones de peligro por todas estas instancias no controladas por nadie, porque la Justicia, al no tener dónde mandarlos, los manda acá y el Gobierno de la Ciudad, para limpiar las calles, los manda a otros hospitales y de los otros hospitales los derivan acá”, redondea la delegada.
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