La denuncia de Roberto Mazzoni contra Alejandro Roemmers, Matías Barreiro y otras tres personas por el delito de trata ganó repercusión pública hace poco más de un mes, pero en el plano judicial se inició en 2022. A pesar de tener más de dos años, la causa tuvo poco movimiento y hasta rozó el archivo, pero ahora el juez federal Ariel Lijo debe cumplir la orden de continuar la investigación.
Un pedido para ser tomado como querellante, otro para declarar por Cámara Gesell y ser efectivamente considerado víctima en lugar de un simple testigo. Meses de insistencia para que se tome declaración a los testigos propuestos. El reclamo paralelo para que se escuche a dos nuevas presuntas víctimas que se presentaron por separado. Ninguna de esas acciones tuvo resultado, o al menos no inmediatamente, según reconstruye la abogada de Roberto Mazzoni, Karina Bacci, en diálogo con Diario Con Vos.
Mazzoni terminó siendo aceptado como querellante luego de que Bacci apelara el rechazo de Lijo, ante la Sala Primera de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Para la Cámara Gesell también tuvieron que pasar por una serie de idas y vueltas, rechazos y apelaciones. Uno de los obstáculos más contundentes que se encontraron para el avance de la denuncia fue el intento de archivo de parte del juez, que también fue apelado y rechazado por la misma Sala. Ahora, la investigación tiene que continuar y, sobre todo, avanzar.
Qué dice la denuncia de Roberto Mazzoni: los roles de los acusados
Al momento de rechazar el archivo de la causa, los jueces de la Sala Primera reconstruyeron la denuncia de Mazzoni contra cinco personas: Juan Matías Barreiro, Enzo Pérez Pallota, Pedro Quintana, Daniel Santiago Durán y Alejandro Guillermo Roemmers, los cuales, según el denunciante, “se valían de la situación de poder que algunos de ellos detentaban, de dinero y de estupefacientes que suministraban a sus víctimas”.
“Las conductas mencionadas habrían tenido lugar en la calle Santa María de Oro de esta ciudad (de Buenos Aires) en donde se realizaban fiestas organizadas por Barreiro donde se prostituía a hombres y mujeres, algunos de los cuales resultaban ser menores de edad a quienes, en algunos casos, se los drogaba -sin consentimiento- para luego poder abusarlos sexualmente”, reconstruye también la Resolución.
Asimismo, Mazzoni identificó a Durán como el dueño de un gimnasio llamado Nitro Gym, donde este seleccionaría “escorts masculinos” para “proveérselos” a Roemmers, quien a su vez se encargaría de prostituirlos. “Por su parte, Enzo Pérez y Pedro Quintana también concurrían a ese gimnasio y trabajarían para Alejandro Roemmers”.
Siguiendo la Resolución, el denunciante también afirmó que Roemmers “hace fiestas del mismo estilo que Barreiro y que tanto Enzo Pérez como Pedro Quintana son a los que se les paga para que lo acompañen”. También mencionó que Roemmers “le alquiló un departamento en la calle Beruti de esta ciudad (a Pérez) con el condicionamiento de que viaje con este y siga reclutando hombres para las fiestas”.
Lijo reconoció "intercambios de dinero por sexo" en la causa, pero pidió el archivo
Faltaba menos de un mes para que el denunciante rompiera el silencio público en el Senado de la Nación, cuando la Sala Primera rechazó el pedido de Lijo para archivar el expediente.
Para justificar el archivo, el juez se basó en los chats de Mazzoni con algunos de los acusados, aportados por el propio denunciante. Según Lijo, de esas conversaciones de WhatsApp “no surge que se obligara a las mujeres u hombres a ejercer trabajos sexuales sino que, por el contrario, se trataría de circunstancias en las que, personas mayores de edad, desarrollarían actividades en la órbita de su absoluto consentimiento”.
“Concluyó que los elementos probatorios recabados acreditaron relaciones que consistirían en el intercambio de dinero por sexo o por acompañamiento, pero no se advertirían maniobras vinculadas a la trata de personas, ni a la ley 23.737. En consecuencia, y luego de descartar la potencial virtualidad del resto de las medidas probatorias sugeridas por el querellante en orden a acreditar los extremos de su denuncia, dispuso el archivo de este legajo”, reconstruyeron los jueces de la Sala.
Al apelar el archivo, la querella tuvo que recordarle al juez federal que el “consentimiento” de las víctimas no significa que no haya delito de trata o explotación, ya que perfectamente dicho consentimiento podría estar “viciado en función de la situación de vulnerabilidad en la que se encontrarían inmersas”, tal como plantea la Ley de Trata tras su modificación de 2012 (26.842).
Se entiende así que, en situación de vulnerabilidad, las personas podrían “consentir” una amplia cantidad de situaciones que igualmente resultan dañinas. Además, liberar de culpabilidad a sus explotadores con base en el consentimiento implicaría quitar el foco de los violentadores y ponerlo sobre las propias víctimas, en una maniobra culpabilizante y, por ende, revictimizante.
El 8 de julio pasado, los jueces de la Sala Primera aceptaron la apelación de Roberto Mazzoni argumentando que la decisión de Ariel Lijo era “prematura”, ya que no había investigado lo suficiente las pruebas presentadas. Le ordenaron, sobre todo, indagar en tres elementos: dos testimonios de testigos a los que Bacci tomó declaración en su propio estudio ante la falta de avances y la presentación de dos nuevas víctimas por parte de la asociación Madres Víctimas de Trata.
“Dos jóvenes se presentaron ante la mencionada organización y ‘...expresaron a viva voz que su vida corría peligro, atento a que las secuencias vividas involucraban a gente famosa y poderosa, y temían realizar una declaración en sede judicial’”, reconstruye la Resolución de la Sala a ese respecto.
Los jueces agregaron que "algunas de las personas nombradas por los testigos se encuentran siendo investigadas en el proceso de marras…’, que ...puntualmente se refirieron a Alejandro…’” y que tales posibles víctimas ‘...manifestaron haber sido 'drogadas' mientras participaron de fiestas, en los cuales los denunciados de autos fueron parte’”. Conforme reconstruye la abogada de Roberto Mazzoni, Ariel Lijo dispuso el archivo de la causa a los pocos días de presentarse estos dos nuevos denunciantes.
"Tratan de descalificar a la víctima"
Una vez revocado el archivo, Lijo delegó la instrucción al fiscal, el cual a su vez dio intervención a la PROTEX. Desde entonces, la Fiscalía llamó a declarar a una serie de testigos presentados por Roberto Mazzoni, aunque la defensa de Roemmers había asegurado que el denunciante jamás había proporcionado datos sobre los testigos que mencionaba.
El miércoles, uno de los convocados se presentó a declarar, en tanto que otro de ellos debió reprogramar por enfermedad y hubo un tercero al cual no fue posible localizar. “Desde el primer momento dimos nombre y apellido de los testigos, de los que conseguimos el DNI dimos el DNI y de todos aportamos el número de teléfono”, sostiene Bacci.
“Es una defensa básica, tanto en los delitos de trata de personas como en los de abuso: lo primero que tratan de hacer es descalificar a la víctima y caen en eso, porque es lo único que podrían hacer. Y van a buscar (irregularidades de parte de) de Mazzoni y no van a encontrar nada”, asegura además la abogada, quien cree que, aparte de difamatoria, la conducta de la defensa es directamente “escandalosa”.
En esa línea, la letrada retomó lo que había señalado Mazzoni en el Senado, cuando dijo que Roemmers se presentó al juzgado con un número de DNI falso. “Puso mal el DNI y no fijó domicilio, con lo cual si mañana un juez quisiera ir a detener a Roemmers no sabe dónde ir a detenerlo. Es el único imputado que no tiene fijado un domicilio en la causa”.
“Supuestamente, el señor Alejandro Roemmers fue dos veces a la secretaría del juzgado a hacer comparecencias, una un acta compromisoria porque le dieron la eximición (de prisión) y la otra para tomar vista de unas fotografías que se habían presentado en la causa. En las dos ocasiones fue con un DNI que no era de él, en las dos ocasiones la secretaria labra un acta y en las dos ocasiones él la lee y firma. Cuando una persona va a tribunales lo primero que le piden es que lea y verifique que sus datos estén bien”; dice, en tono suspicaz.
Esta causa estuvo silenciada todo este tiempo por las personas que estaban imputadas.
En ese sentido, señaló “la impunidad” que manejan los imputados por el poder que detentan y manifestó su esperanza de que el juez federal simplemente “no tenga herramientas” para juzgar un delito de trata y que por eso esté juzgando “mal”.
En el último tiempo, Bacci solicitó el refuerzo de las medidas de protección para Roberto Mazzoni, por haber recibido amenazas indirectas que involucraron a su hijo. Para la abogada, el silencio mediático no ayuda: “Claramente, esta causa estuvo silenciada todo este tiempo por las personas que estaban imputadas, no por otra cosa. Le han hecho notas en canales de televisión a Roberto, que después no salieron a la luz”.
La web de la Red Alto al Tráfico y la Trata (organización que acompañó a Mazzoni) se puede visitar en este link. La organización recibe pedidos de ayuda y acompañamiento tanto a través del sitio como de sus redes sociales, que figuran en la página. También es posible denunciar casos de trata a través de la línea 145, que es gratuita, anónima y nacional.
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