En diálogo con Diario Con Vos, el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eugenio Semino, reflexionó respecto de la dura situación económica de los jubilados, el último bono de 70 mil pesos que otorgó el Gobierno y la represión durante las manifestaciones por los haberes que cada miércoles se organizan frente al Congreso.
También opinó respecto del sistema previsional y la falta de acuerdos de la política en torno al tema: “Paga haberes misérrimos que nada tienen que ver con la historia laboral de las personas, nada tiene que ver con la historia social, mucho menos con la cobertura de su canasta”, apuntó Semino.
¿Cuáles son las consultas o reclamos que más recibe la Defensoría?
Son variadas, pero en esta etapa, para agruparlas, te diría que lo que nos lleva el 70, 80 por ciento de la atención es salud, tanto de internaciones, provisión de medicamentos, realización de estudios y de PAMI, pero también de las obras sociales, porque también hay muchísimos jubilados que han quedado en obras sociales que no les están dando prestación.
Esto es, digamos, en internaciones, tiene que ver con medicamentos, todo ese tipo de incumplimientos...
Internaciones geriátricas, todo lo relacionado a la salud mental. Eso ocupa muchísimo. Hay dos cuestiones: primero, lo estresado que está el sistema de salud y segundo, no olvidar que estamos en el pico de morbilidad. Las temperaturas extremas fijan los picos de morbilidad cuando más gente se enferma.
¿Y se conoce el rol de la Defensoría? ¿Cómo se vincula con la ciudadanía?
Hace muchos años que estamos y en mi caso son casi 30. Y antes vengo de lo que era asistencia, al día de hoy sigo haciendo asistencia directa al público, Antes de eso estuve en los hogares públicos de la ciudad en las dos áreas, que en aquel momento estaban juntas, que son adulto mayor y discapacidad. Así que, desgraciadamente, la demanda aumenta conforme la crisis. Y además, en general, más allá que la gente no conoce, hay 300, 400 consumidores por día. Y el tema es que, a su vez, también los mandan los empleados de los propios organismos cuando no pueden, o bien que la persona no pueda resolver su problema.
¿Cuál es tu opinión sobre la decisión del presidente Milei de vetar en forma total la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso?
Yo critico el veto como instrumento porque es un resabio monárquico. La Constitución concede ese derecho al presidente, y todos los presidentes lo han utilizado. Lo estamos analizando, porque hay algo de lo que no se habla. En la misma facultad que es la de conceder al presidente, también se le exige que ese veto esté fundado y hay que ver si esos fundamentos, que es lo que estamos viendo en el día de ayer y hoy, tienen razonabilidad suficiente para no ser atacados judicialmente. Que al no existir esa razonabilidad, obviamente como ya lo hicimos en otras ocasiones, hicimos contra el viento con un amparo colectivo en el Fondo de la Seguridad Social.
¿Este veto puede abrir una catarata de reclamos judiciales también?
Sí, esto ha sido históricamente así. En el 2007, 2008 el caso Bagallo, en el 2017 el cambio de fórmula. En aquel momento se aplicó retroactivamente la ley y hoy hay decenas de miles de juicios sobre ese tema. En marzo del 2020 los decretos de necesidad y urgencia cuando se genera la ley de movilidad y se trató la pirámide también alrededor de 100.000 juicios por el tema. Vale decir, hemos manejado compulsivamente desde el Ejecutivo lo que genera necesidad y litigiosidad. Hay un stock permanente de alrededor de 250.000 a 300.000 juicios, y eso es una enorme cantidad de sentencias firmes que no se pagan.
Junto con el veto se confirmó el pago nuevamente de un bono de 70 mil pesos para los jubilados. Le quería preguntar su opinión sobre este bono en particular, pero sobre los bonos que no van al aguinaldo, que son un parche...
Nosotros lo judicializamos hace dos años. Es insólito, se llama bono en la Argentina, pero es un pago en negro no registrado que hace el Estado de los argentinos y que es discrecional porque lo decía el ministro turno, el presidente. Se desvirtúa la aplicación del IPC porque, por ejemplo, este mes se aplica 4.6 sobre el haber, entonces el haber se va de, doy números redondos, 225 mil a 235 mil pesos. El bono sigue siendo el mismo que en marzo de 70.000 pesos por lo cual, sobre el total el jubilado de pensiones no recibe el 4% sino el 3%, un punto menos que la inflación. Por eso lo que ocurrió en estos 7 meses mientras se discutía la ley es que el haber se sigue licuando, por eso la medida no tiene costo fiscal para este año, porque ya se le sacó al jubilado, así que es un disparate. Lo bueno que tenía o que tiene la sanción de la ley es que lo considera parte integrante del haber y esto implica que inclusive la movilidad se aplique sobre el total. Esto nunca debió haber sido de otra forma.
A nueve meses de iniciado el Gobierno, ¿cómo les fue a las jubilaciones?
Por este sistema que te comentaba, la pérdida es entre 15 y 26 puntos. Pero es más, tampoco es linealmente así. Por ejemplo, en la ley sancionada, están haciendo hincapié en los puntos que se ajustaron de menos respecto a los 20 puntos de la inflación de enero. Pero hay que recordar que antes de esto, a pocos días de la nueva administración, hubo una devaluación del 118%. Eso ha tenido más impacto que la propia inflación. Por lo cual, y después hay que tener también en cuenta que el año pasado con una inflación del 211% las jubilaciones con bonos aumentaron a 140%, insumos como medicamentos aumentaron al 300%.
En el medio de todo esto el PAMI elimina 44 medicamentos de vademecum que tenían cobertura del 100%, lo que implica achicar más o menos un tercio de los medicamentos que los jubilados recibían en forma gratuita, además del recorte en los haberes.
El mismo día que anunciaron el veto, se anunció un recorte que no es lineal, es mucho más difícil de explicar. Se agregan requisitos para llegar a la cobertura del 100%, algunos grotescos, por ejemplo, si tenés un auto de menos de 15 años de antigüedad. Es decir, en países normales muchos autos de más de 15 años no pueden circular directamente. Ahora, si se considera alguien pudiente porque tiene un auto, yo le pregunto a las autoridades si tiene que vender una cubierta o un carburador para comprar medicamentos, eso es un absurdo, en síntesis, lo que se va haciendo el recorte sobre las distintas cajas que tienen que ver con las personas mayores, esto ver, las dos o tres últimas.
El sistema previsional hoy, ¿es sustentable o no?
Es un sistema que se mantiene porque paga haberes misérrimos que nada tienen que ver con la historia laboral de las personas, nada tiene que ver con la historia social, mucho menos con la cobertura de su canasta y, por otra parte, hoy tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que están en la mínima, están cobrando el mismo haber. Hoy, para llamar las cosas por su nombre, cosa que en Argentina no gusta, tenemos un programa de subsidios por la edad, es decir, cuando la persona llega a los 65 años, la administración que está de turno le da algo y después que se arregle el que viene. Por eso yo creo que hay que reformular el sistema pero partiendo de discutir la estructura, hay que discutir alrededor de 120 variables en paralelo en el mismo momento. No estas estupideces de bajar la edad de las mujeres. Hay que discutir un eje central que es el financiamiento. Y por otra parte, no hacer lo que siempre pasó, y lo que está pasando ahora, que el recurso de la seguridad social cierra las otras puertas del Estado y el superávit fiscal lo están pagando los jubilados con su vida. Se tienen que reunir todas las fuerzas políticas, se hacen 10, 20 actuarios, y se hacen escenarios a 10, 20, 30, 40 años de lo que pasa con la producción, con la demografía, con el envejecimiento, con los cambios productivos. Del aporte fiscal, que es el 50%, el impuesto que más plata está poniendo en el sistema es el IVA. Se pone el 11% mensual y no hay ninguna renta que ponga un solo fiscal en el sistema.
¿Qué siente cuando ve represión a jubilados?
Asco, como cualquier otra represión.
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