“Coqueta todavía y bien plantada, los afeites y arreglos no conseguían ocultar los estragos que el trabajo de tantos años habían producido en su persona” escribió el profesor Valentín Mestroni en su papel de inspector al toparse quien fuera una de sus primeras maestras, la señorita Elvira. Durante el encuentro, que posiblemente ocurrió en torno a la década de 1910, sintió pena al verla trabajando luego de su retiro. En la primera década del siglo XX, las condiciones de jubilación docente no sólo preocuparon a algunos funcionarios, sino que también movilizaron a numerosas maestras, que elaboraron sus propios sentidos sobre lo que consideraban justo como recompensa por sus esfuerzos.
Para explorar aquellas nociones, aquí nos sumergimos en las disputas alrededor de la ley de 1904 que permitió a los empleados públicos empezar a acumular aportes para su retiro. En el contexto de una amplia campaña de oposición a la norma, algunas maestras cuestionaron la posibilidad de que se afectaran los derechos previamente adquiridos y sostuvieron que la ley perjudicaría particularmente a las mujeres. Defendieron la edad jubilatoria establecida por una disposición anterior, basándose en sus características físicas, su rol como madres y las condiciones en que realizaban sus labores docentes. En tiempos en que enfrentamos una ofensiva en el ámbito de la previsión social, conocer estas experiencias históricas tal vez nos brinde claves para pensar nuestros propios horizontes de justicia.
La pensión de retiro: un derecho longevo
En Argentina, el derecho a recibir una asignación al envejecer, incapacitarse, o ambas cosas a la vez, no fue una novedad del siglo XX. Se remonta a una época anterior a la existencia misma del Estado nación. A lo largo del período colonial, el rey y los poderes locales se encargaron de proteger con honores, pensiones y jubilaciones a los funcionarios políticos, militares, universitarios y religiosos, así como a viudas, huérfanos, vecinos y necesitados. La posibilidad de conseguir lo que se entendía como una gracia o merced dependía de la capacidad de convencer a los mandos reales del estado de pobreza.
Producida la Revolución de Mayo, las jubilaciones continuaron otorgándose, aunque bajo otros fundamentos. Es así como en el transcurso del siglo XIX, distintas autoridades públicas fueron sancionando numerosas leyes de retiro. Estaban dirigidas a quienes hubieran participado en determinadas campañas militares, a quienes hubieran formado parte de la administración pública y a sus familiares. Durante este extenso período, los sentidos y las condiciones con que se hacían las asignaciones fueron modificándose.
Hacia el 1900, cuando comenzó a discutirse la ley de jubilaciones para empleados públicos, también llamada de montepío civil, existían en el Congreso Nacional comisiones de peticiones. Estaban conformadas por legisladores que pasaban largas jornadas discutiendo numerosos pedidos particulares de pensión, jubilación y aumento de haberes. Según sus impulsores, la sanción de la norma le ahorraría al Parlamento el trabajo de revisar tal cantidad de solicitudes, constituyendo un organismo encargado de analizar las demandas. Además, aseveraban con orgullo que la creación de una caja formada por un descuento del sueldo de los empleados públicos iba a generar una disminución del gasto público.
La jubilación docente como un problema femenino
Para quienes enseñaban las primeras letras, una eventual promulgación de la ley de montepío significaría un amplio deterioro en las condiciones de retiro. Esta amenaza se debía a que en 1886 habían conquistado una disposición que les permitía obtener una pensión con sueldo íntegro con menos años de servicios y sin fijar una edad mínima para abandonar las aulas. Se financiaba con un fondo de contribución obligatoria, conformado por un descuento de haberes menor al del nuevo proyecto.
Así, en cuanto las autoridades educativas anunciaron que el marco jurídico vigente estaba “en tela de juicio” comenzó la organización docente. Desde el inicio de las discusiones parlamentarias en 1900, y hasta después de la promulgación de la nueva ley jubilatoria en 1904, hubo variadas iniciativas de intervención y construcción colectiva. Desde las asociaciones El Magisterio, Maestros de la Capital, la Asociación Nacional del Profesorado y de manera autónoma, unas maestras y maestros plantearon el tema en congresos pedagógicos, acudieron a la prensa, enviaron peticiones al Congreso, constituyeron alianzas con otros empleados públicos y se manifestaron de diversas maneras, consiguiendo, en distintos momentos, frenar y modificar el proyecto. Al mismo tiempo, también hubo quienes apuraron sus gestiones jubilatorias, temiendo no poder acogerse a los beneficios de la ley antigua.
Pero la sanción de la ley no acabó con el conflicto ni aminoró las tensiones. En 1905, la maestra Elia M. Martínez organizó la presentación de una petición al Congreso por parte del Consejo Nacional de Mujeres, del cual era miembro, para exigir la modificación de la nueva norma. Docentes de la capital del país, Corrientes y Misiones también se sumaron a las protestas, realizando demandas en los años siguientes, algunas de las cuales tuvieron gran convocatoria.
Los escritos que acompañan estas peticiones revelan cómo los debates sobre los roles sociales y las supuestas características innatas de las mujeres permearon las luchas por las jubilaciones docentes. Al tratarse de un gremio ampliamente feminizado, muchas maestras que defendieron el anterior marco normativo afirmaron que la nueva norma las afectaría especialmente. Esto las diferenciaba de muchos maestros, que se oponían al montepío, sin hacer distinciones de género. Aun así, los fundamentos con que se opusieron a la norma fueron diversos. Algunas subrayaron que los avances científicos demostraban la fragilidad inherente al llamado "sexo débil", argumentando que el aumento en la edad de jubilación solo llevaría a una mayor saturación de hospitales y manicomios.
En cambio, para otras la necesidad de una pensión luego de veinte años se derivaba de las duras condiciones de trabajo asociadas a esta ocupación. La doctora Cecilia Grierson ya no se desempeñaba en las escuelas primarias pero era una figura de renombre en la época y había sido una de las fundadoras del Consejo Nacional de Mujeres. En una petición de 1906, señaló que las maestras tenían problemas de alimentación, higiene y descanso. Como corolario, sugirió la jubilación de las educadoras que habían sido madres durante la adolescencia de sus hijos. Lo pensó como un modo de remediar su infancia, asumiendo que no habían podido dedicarles cuidados maternales. Para aquellas que no habían tenido descendencia, recomendó igualmente el retiro, porque creía que 20 años de este tipo de trabajo las convertía en seres sin energía ni aspiraciones.
Las apreciaciones que veían la debilidad femenina como parte de la biología, que asignaban un rol femenino a los cuidados o que suponían la imposibilidad de conciliar las tareas maternales con las docentes, se crearon en un contexto en que se estaban reformulando ideas en torno a la maternidad y la naturaleza a través de la medicina. Ello no implicó que todas estas reflexiones fueran necesariamente compartidas por aquellas que dictaban lecciones a diario. Las voces que más se amplificaban en el debate no eran justamente las de aquellas que pasaban más horas en los bancos de escuela.
A principios de siglo XX, las maestras construyeron concepciones heterogéneas de derechos, atravesadas por nociones de género, que marcaron las discusiones en torno a la edad para pensionarse. En la actualidad, el gobierno se ciñe al clivaje contributivo, que solamente garantiza el derecho a la jubilación para quienes realizaron aportes a través del trabajo remunerado registrado. Fundado en estos principios, sostiene que aumentará la edad de retiro femenina y que anulará la moratoria previsional, una política clave para la jubilación de las mujeres. Las organizaciones feministas y sindicales vienen mostrando de qué modo estas medidas ignoran las enormes desigualdades en el mercado laboral y en la repartición de los trabajos de cuidados, mientras impulsan pensiones reparatorias para personas mayores travestis y trans. Así como unas maestras de principios de siglo XX pelearon por sus condiciones laborales, resignificando unas maneras de pensar lo justo en el acceso a la jubilación, sus experiencias tal vez puedan servir en el presente para seguir imaginando unos sentidos renovados de justicia, que busquen amplificar la protección social de las vejeces.
Más Información
