A través de la canciller Diana Mondino, el Gobierno firmó una solicitud ante la Corte Penal Internacional para disponer el arresto de Maduro y otros dirigentes del gobierno venezolano, a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dicho país tras las elecciones.
En concreto, la carta que envió Mondino exhorta al fiscal de la Corte Penal a que emita "órdenes de arresto contra autoridades venezolanas, incluyendo a Nicolás Maduro", en función del artículo 58 del Estatuto de Roma, en el que está basado el tribunal internacional de justicia.
El Gobierno considera que tiene evidencia suficiente para pedir la orden de detención. El pasado abril, la Justicia Argentina había reabierto una causa contra Maduro por cometer crímenes de lesa humanidad en virtud de lo que se denomina "principio de jurisdicción universal" y de "competencia extraterritorial".
Originalmente, la demanda había sido presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, cuando por entonces gobernada Macri. En dicha denuncia, se acusaba al gobierno venezolano de cometer delitos de lesa humaniodad. Aquella fue la primera vez que un conjunto de países demandaba a Venezuela ante un tribunal internacional.
Lo cierto es que la reciente denuncia que tiene la firma de Mondino no tiene que ver con las anteriores violaciones a los derechos humanos sino a partir de los nuevos episodios que ocurrieron tras las elecciones que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dio por ganadas a Maduro a pesar de no haber publicado los datos de la elección, lo que llevó a ningún organismo internacional a otorgar dichos comicios como fidedignos.
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