Después del escándalo que surgió en torno a la visita por parte de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) a represores condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar, la Cámara de Diputados debatió la conformación de una comisión investigadora especial para evaluar la conducta de los legisladores que visitaron el Penal de Ezeiza el pasado 11 de julio.
Sin embargo, debido a la falta de acuerdo entre los principales bloques de la oposición, no se firmó ningún dictamen y apenas se acordó citar para la semana que viene a los involucrados para que hagan su descargo. La convocatoria no es obligatoria, por lo que los diputados pueden desestimarla o presentar una respuesta por escrito.
Actualmente el plenario de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales está bajo la presidencia de Silvia Lospenato y María Eugenia Vidal. Esto ocurrió después de que Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, renunciara a la presidencia de la comisión tras verse involucrado en los chats de WhatsApp donde se habría organizado la controvertida visita.
En el seno de las comisiones se encuentran proyectos presentados por Lourdes Arrieta (LLA), Germán Martínez (Unión por la Patria) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda), todos enfocados en formar un grupo investigador. Por su parte, Vanina Siley, también de Unión por la Patria, exige que sean las comisiones correspondientes las que investiguen los hechos.
Mientras tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda pidieron que los diputados libertarios que posaron en una foto con los condenados renuncien a sus cargos. En contraste, el PRO, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal prefieren que se condene el hecho en la Cámara sin aplicar sanciones.
En este marco, los legisladores tenían dos opciones: emitir un dictamen para crear una nueva comisión o dejar que la comisión de Asuntos Constitucionales se encargue de analizar la conducta de los diputados implicados. Esta última es la comisión habilitada por la Constitución Nacional para considerar la exclusión por “inhabilidad moral” de un miembro.
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