"Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública", se titula el comunicado que 69 organizaciones de la sociedad civil difundieron como respuesta a la decisión de Milei de limitar el acceso a la información pública.
Mediante un decreto, Milei modificó la Ley de Acceso a la Información, ampliando la definición de información pública. De esta manera el decreto asegurra que no se considerará como información pública los datos de distintos grupos de personas, entre los que se encuentran los funcionarios de la administración nacional, los miembros del Congreso, el Poder Judicial de la Nación.
Entre las organizaciones que firmaron el comunicado están la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Directorio Legislativo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Poder Ciudadano.
"Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública. Un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016", afirmaron
Y advirtieron: "Las excepciones establecidas por la ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplia el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección".
En consecuencia, las organizaciones le reclamaron al Presidente que "deje sin efecto " el decreto y que garantice el pleno acceso a la información.
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