También conocida como fractura hidráulica, el fracking es una técnica utilizada en la extracción de petróleo y gas no convencionales que ha generado un intenso debate a nivel mundial. En Argentina, la región de Vaca Muerta, ubicada principalmente en la provincia de Neuquén, se ha convertido en el epicentro de esta controversia debido a su vasto potencial energético. Sin embargo, las preocupaciones sobre el impacto ambiental, particularmente en lo que respecta al uso y contaminación del agua, son cada vez más difíciles de ignorar.
Vaca Muerta es una de las reservas de shale gas más grandes del mundo, y su explotación se ha presentado como una oportunidad económica salvadora para nuestro país, que padece de una falta de dólares crónica. Sin embargo, el fracking utiliza grandes cantidades de agua mezclada con productos químicos como parte del proceso de fracturación de las formaciones rocosas subterráneas para liberar el gas atrapado.
En una perforación estándar de seis pozos individuales, y considerando sólo la primera fracturación, se estima el uso de entre 1 millón y 3.500 millones de litros de aditivos químicos. El aditivo más común es el metanol, un tóxico que, sabido es, puede resultar mortal para las personas. No sólo eso: está probado el uso de alrededor de 95 químicos que potencialmente pueden producir cáncer.
Los riesgos son altos. Por un lado, la contaminación del agua, tanto por estos aditivos químicos como por fugas de metano, el gas que se extrae de la roca de esquisto para los recursos hídricos, una práctica muy peligrosa en una región como la Patagonia, donde el agua es un recurso valioso y escaso.
Uno de los principales problemas es la contaminación de acuíferos subterráneos. Si bien las empresas que realizan fracking aseguran que los pozos están debidamente sellados, la posibilidad de fugas o accidentes siempre existe. En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) realizó un estudio de los procesos del tratamiento del agua para la actividad entre 2006 y 2012. En el informe constató la existencia de 36.000 derrames o fugas en instalaciones en 11 estados, lo que representa entre 5 y 7 derrames por cada 100 pozos. La posibilidad de que los productos químicos tóxicos se filtren en el suministro de agua potable es una amenaza real que no puede ser tomada a la ligera, especialmente considerando los efectos a largo plazo que podrían tener sobre la salud y los ecosistemas.
Además, la enorme cantidad de agua necesaria para el fracking compite directamente con otros usos del agua en la región, como la agricultura, la ganadería y el consumo humano. En un contexto de cambio climático, donde las sequías son cada vez más frecuentes, la pregunta de si Argentina puede permitirse el lujo de destinar tantos recursos hídricos a la extracción de hidrocarburos no es solo económica, sino moral.
Otro tema atendible son las conformaciones de basureros de residuos petroleros, grandes acumulaciones de los desechos que deja este proceso en piletones a cielo abierto. Entre estos residuos se encuentran también metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, etc.) y materiales radiactivos de origen natural (uranio, torio, radio y radón). Uno de los basureros tristemente célebres en nuestro país es COMARSA, el basurero de Vaca Muerta, el más grande de la Patagonia.
Desde el año 2015, el decreto provincial 2263, estableció que los basureros deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas. Sin embargo, esto no se cumple y los vecinos de Casimiro Gómez viven a menos de 25 metros de la planta.
COMARSA fue denunciado por su comportamiento negligente en diciembre de 2020 por la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina. Se acusa al basurero de, entre otras cosas, instalar piletas clandestinas, apropiación de terrenos fiscales, acopiar grandes cantidades de materiales contaminados en suelo sin impermeabilizar.
Es crucial que los gobiernos y las comunidades locales tengan un rol activo en la regulación y supervisión de las actividades de fracking. No se trata de rechazar el desarrollo energético, pero es importante tener una conversación seria sobre los costos de esta actividad. El Estado debe garantizar que este se realice de manera sostenible, priorizando el bienestar de las personas y el medio ambiente. La transparencia, la consulta previa con las comunidades y la implementación de tecnologías que minimicen el uso de agua y reduzcan el riesgo de contaminación son medidas indispensables para avanzar.
Finalmente, es importante recordar que la crisis climática exige una transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables. El fracking puede ofrecer beneficios económicos a corto plazo, pero a largo plazo, el costo ambiental y social puede ser demasiado alto. Argentina tiene la oportunidad de liderar un cambio hacia un modelo energético más sostenible, y esto implica repensar nuestra dependencia de los combustibles fósiles.
En conclusión, mientras el desarrollo de Vaca Muerta promete crecimiento económico, es fundamental que este no se realice a expensas del agua, un recurso vital e insustituible y que no dañe la vida cotidiana de las comunidades. El desafío es encontrar un equilibrio que permita aprovechar las riquezas del subsuelo sin comprometer el futuro de las poblaciones y del planeta.
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