El juez Casanello dictó una orden de allanamiento en las oficinas de Capital Humano para obtener computadoras y documentación que contenga información relevante respecto a las toneladas de alimentos retenidas en dos galpones oficiales.
La orden se da en el marco de la investigación que apunta a dar con el motivo de la concentración de las seis mil toneladas de alimentos que el Estado adquirió y se encuentran guardados en los depósitos del Centro Operativo Tucumán, Tafí Viejo, y de Villa Martelli (provincia de Buenos Aires).
Entre concreto, Casanello busca información sobre la logística, stock y fechas de entrega de los productos señalados con el objetivo de analizar si hubo una gestión indebida de los recursos señalados. Desde la cartera niegan dicha acusación y sostienen que la retención se debe a la falta de transfarencia que, aseguran, incurrió la gestión anterior.
La causa arrancó a raíz de la queja de distintas organizaciones sociales por la que denunciaban la falta de envío de alimentos hacia los comedores comunitarios que gestionan. Dicho cuestionamiento llevó a Grabois a realizar una denuncia penal contra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad.
La cartera de Capital Humano no tardó en contestar y desde allí el Gobierno acusó a Grabois de ser un "profesional de la mentira". Según la versión oficial, existían "comedores fantasma", es decir había registrados lugaras a los que se destinaban los alimentos que en concreto no funcionaban realmente como comedores o directamente no existían.
Para las organizaciones sociales, el Ministerio de Capital Humano realizó un intento de desarmar la red asistencial que contruyeron durante aññs en los barrios populares y servía como sostén para las familias.
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