Después de revelar los chats en el grupo de WhatsApp para la visita a los genocidas, Lourdes Arrieta publicó el proyecto de ley para dejar en libertad a los represores. De esta forma, la diputada de La Libertad Avanza compartió el borrador de la iniciativa, titulada "Derecho a ser juzgado en un plazo razonable".
"Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’", indica el borrador.
A su vez, en el proyecto de ley publicado por la diputada Arrieta sostienen que la doctrina establece que pasado un tiempo excesivo de tramitación de un proceso penal, aun cuando no hubiere operado la prescripción, la acción penal debe entenderse agotada por insubsistencia. También consideran como inconstitucional la "prolongación indefinida de los procesos".
Incluso, la legisladora libertaria compartió el proyecto de reglamentación que propone fijar en 25 años el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona.
"El término regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes. Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia", dice el documento revelado por Arrieta.
Dentro del tuit de la diputada de La Libertad Avanza se observa que el proyecto de ley indica: "El plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme. Creemos que la política de derechos humanos es la única de las políticas que mira al pasado".
"La magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional. Por esto mismo, resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales a efectos de contribuir decididamente a una mejor administración de la Justicia", sentencia el documento que Arrieta reveló en la noche del domingo.
Más Información
