En el marco del proceso de ajuste, desregulación y revisión sobre todas las áreas de la administración pública que emprende el Gobierno, en el área de Salud se analiza dar de baja un grupo de unas 60 prepagas a la vez también de intervenir algunas obras sociales. El plan se basa en inspeccionar la situación financiera y administrativa de los agentes del sistema de salud.
Al inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei, el “mapa” registrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) constaba de unas 675 prepagas y 291 obras sociales. Sobre las primeras, el organismo detectó un grupo de empresas de medicina que se inscribieron en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), pero nunca presentaron datos como el padrón de usuarios, los planes de cobertura, los cuadros tarifarios, los estados contables o los balances ante la SSS.
Debido a esta situación, a través de un aviso publicado días atrás en el Boletín Oficial, se procedió a cancelar la inscripción de 60 de ellas, entre las que se encontraban Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A, por mencionar algunas. Ahora, la SSS podría avanzar en los próximos días y eliminar 60 prepagas más mientras, evalua el estado de situación de otras 70. Así, en total, se podrían dar de baja unas 180.
Además de las prepagas, el organismo también intervino cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM). Según indicaron, todas estas obras sociales "recibían millones de pesos de subsidios del Estado”, y podrían intervenir dos entidades más.
Según lo que explicaron, el proceso de intervención comienza con auditorías y si se comprueba que falta “información necesaria como para funcionar como agentes del sistema de salud”, se designa a un interventor que debe informar sobre la gestión de la obra social en cuestión. Si ese funcionario comprueba “inviabilidad” -financiera, prestacional o patrimonial- de la entidad, se activa un “mecanismo de liquidación”. En ese caso, los afiliados se distribuyen en otras obras sociales.
Una de las intervenciones más importantes que hizo el Ejecutivo fue la de OSPRERA, la obra sociales de los peones rurales, que cuenta con 759.203 beneficiarios y es la tercera más grande del país. Desde la SSS indicaron que nunca presentó un informe de ningún tipo en más de un año y que en octubre de 2023 solicitaron una ayuda financiera para subsanar deudas, pero que hoy la obra social "pasó de tener una deuda de $26.979.000 del 30 de septiembre del año pasado a $43.949.000 en marzo de este año”.
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