Espinoza faltó a la mediación con la mujer que lo denunció por violación

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, debía asistir vía zoom a audiencia de la demanda por “daños y perjuicios” que empezó Melody Raukauskas. La denunciante acusa al funcionario de haber abusado sexualmente de ella. Sin embargo el abogado del intendente, León Arslanian, le dijo a TN que “no hubo nunca una resolución formal para esa mediación”, pero se hubiera presentado de haberla habido.

Mientras que del lado de la denunciante dijeron: “Estuvimos en la media hora de tolerancia desde las 14.00 hasta las 14.30 y de la contraparte no se conectó nadie”. El intendente de La Matanza debía hacerlo vía Zoom ya que tiene prohibido acercarse a la denunciante. La mediación era obligatoria debido a que se trata de un juicio civil por “daños y perjuicios”.

Raukauskas fue secretaria de Espinoza en 2021 y lo denunció ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El hecho habría ocurrido la noche del 10 de mayo. La secretaria denunció “tocamientos impúdicos” y son considerados por ambas instancias como delito de “abuso sexual simple” y podrían darle una pena de hasta cuatro años.

La defensa de Raukauskas pidió que se cierre la instancia de mediación por “incomparencia de la parte requerida”. “Nosotros requerimos, ellos fueron notificados y el juez en lo penal estableció la posibilidad de que se conectara vía Zoom porque él tenía la prohibición de acercamiento”, dijo Abel Marcelo Abel Urra, abogado de Raukauskas.

La Sala VII de la Cámara de Crimen había confirmado a principios de julio el procesamiento para Fernando Espinoza y dictó un embargo por 1.500.000 pesos. En primera instancia estuvo la jueza María Fabiana Galletti quien procesó al intendente por abuso sexual y desobediencia a una orden judicial porque intentó persuadirla para que retire la denuncia en su contra a través de un llamado telefónico. 

Los jueces habían fallado a favor de la denunciante, pero el intendente de La Matanza apeló en la Cámara de Casación Nacional. Sus abogados afirmaron que la confirmación del procesamiento no estaba firme y pidieron que se abstuvieran de ejecutar la decisión “dictada por el Superior” hasta que no se resolviera el recurso de casación.