El Obispado de Zárate-Campana echó al cura Javier Olivera Ravasi, quien organizó la reunión de diputados libertarios con exmilitares genocidas como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti en la cárcel de Ezeiza. Según explicaron, la decisión se tomó debido a las “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”.
“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder", indica el comunicado del obispado que es encabezado por Pedro María Laxague.
El texto indica que "al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.
La Conferencia Episcopal explicó que si bien Olivera Ravasi "está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza", en 2019 solicitó residir en la Diócesis de Zárate-Campana "por razones familiares, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año". En este sentido, agregaron que tras ese lapso "dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno".
El cura Olivera Ravasi es hijo del ex militar Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, entre ellos el secuestro y desaparición de la modela Marie-Anne Erize. Su apodo era "El Carnicero", debido a que "ponía carne" sobre la parrilla, como se denominaban a las mesas de torturas en los centros clandestinos.
Olivera Ravasi fue el organizador de la reunión de seis diputados de La Libertad Avanza con una decena de condenados por delitos de lesa humanidad, que reclaman salir de la prisión debido a que tienen más de 70 años, afrontar problemas graves de salud y no tener condena firme. De hecho, es quien está detrás del proyecto de ley que pretenden implementar para conseguirlo.
De gran cercanía con la vicepresidenta Victoria Villarruel y la abogada de genocidas Cecilia Pando, estudió en el ultraconservador Instituto del Verbo Encarnado, uno de los sectores eclesiásticos más retrógrados de la Iglesia, que tiene varios representantes denunciados por abuso sexual, abuso de conciencia y abuso de poder. Se lo ha denunciado como secta religiosa, y muchos de sus adeptos se han alejado de sus seres cercanos.
Luego fundó la Orden de San Elías, a la que define como “una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión ad gentes y el apostolado de la contra-revolución cultural”. Pero además de su rol eclesiástico, Olivera Ravasi conduce programas de radio y de YouTube donde realiza reivindicaciones a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad. Sus manifestaciones públicas generaron fuerte malestar en la Iglesia.
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