Febrero de 2024. El calor del verano golpea el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Una extensa fila, en su mayoría mujeres, cubre más de veinte cuadras desde las puertas del Ministerio de Capital Humano, recientemente creado. Son trabajadoras de la economía popular. Solicitan que se reanude la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios interrumpida desde que La Libertad Avanza asumió el gobierno nacional. En los meses siguientes la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) impulsa ollas populares, campañas contra la violencia del hambre y denuncias penales que obtienen fallos judiciales favorables. La entrega de alimentos demora en llegar a los comedores comunitarios al tiempo que los índices de pobreza e indigencia evidencian datos alarmantes que alcanzaron al 55% y 18% de la población.
Apenas 20 días después, la ministra de Capital Humano anuncia el cierre del Programa “Potenciar Trabajo”, cuyo monto había quedado congelado en $78.000 a poco de asumir el nuevo gobierno. En su reemplazo se implementan dos programas cuya frontera divisoria se sostiene en un criterio de potencial empleabilidad que refuerza dicotomías ampliamente discutidas entre producción y reproducción. De un lado, “Volver al Trabajo” dirigida a personas entre 18 y 49 años consideradas productivas, del otro “Acompañamiento Social” destinado a personas de más de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18, ubicadas en la improductividad.
La interrupción de la entrega de alimentos a comedores o merenderos populares y las modificaciones en los programas de transferencia directa fueron medidas justificadas en nombre de una contienda moral contra los “gerentes de la pobreza”, en palabras de la ministra de “Capital Humano”, donde se produjo un recorte drástico sobre áreas y programas sociales. Seguridad y desarrollo social resultaron las áreas más afectadas por el ajuste en el gasto en administración pública nacional evidenciado fuertes caídas. El mayor impacto se encuentra en programas como Comedores Comunitarios y Merenderos que se redujo en un 80%. La proliferación de discursos estigmatizantes ha sido plataforma desde la que se legitiman medidas “contra la mediación de las organizaciones”. “Mafiosos”, “vagos” “violentos” “planeros” “delincuentes” constituyen los principales términos a través de los que estos colectivos y los sectores sociales que representan son colocados bajo sospecha. Lejos de constituir una novedad, este ejercicio deslegitimador tiene historia en nuestro país bajo formas siniestras que resuenan como señal de alerta ante los operativos policiales, las prácticas represivas y las detenciones de dirigentes sociales.
La proliferación de discursos estigmatizantes ha sido plataforma desde la que se legitiman medidas “contra la mediación de las organizaciones”.
Las cámaras de televisión ingresando a “comedores fantasmas” contrastan con la realidad cotidiana de los barrios donde las organizaciones se las ingenian para seguir sosteniendo la vida. Ajustar horarios y turnos de trabajo, multiplicar redes de colaboración, generar articulaciones con gobiernos locales o provinciales, obtener nuevas fuentes de aprovisionamiento de alimentos a través de donaciones o reactivar redes con productores para recuperar mercadería antes de ser “descartada" son parte de las estrategias desplegadas para sostener estos espacios comunitarios frente al desmantelamiento de programas sociales. Un informe de la Universidad de La Plata evidencia un notable aumento del volumen de población asistida de comedores, merenderos y ollas populares, en particular en el caso de niños, niñas y adolescentes donde se observa un incremento del 78%. Frente a este crecimiento en la demanda, un 38% dejó de funcionar por falta de insumos y/o recortes de los programas, más de la mitad tuvo que disminuir los días de atención, reducir servicios brindados o turnos ofrecidos mientras que tres cuartas parte expresa un deterioro en la calidad de la comida ofrecida como consecuencia de la disminución en la cantidad y variedad de alimentos recibidos -principalmente verduras y carnes-.
Para las organizaciones de la economía popular los comedores no son únicamente espacios donde se brinda alimento sino también -y sobre todo- parte de un entramado más amplio para producir vidas dignas. “En la olla nace todo”, es la frase con la que Natalia Zarza, referente de la rama socio-comunitaria de la UTEP, sintetiza el lugar que ocupa el comedor en la vida del barrio. A través de la distribución de alimentos, estos espacios comunitarios se convirtieron en un lugar de referencia desde el que se da respuesta tanto a cuestiones ordinarias vinculadas a trámites personales como a situaciones de violencia de género o al abordaje de consumos problemáticos donde “la primera escucha las hacen las compañeras ahí en el comedor”.
En la ruta trazada por los feminismos, las organizaciones de la economía popular han venido generando demandas e instrumentos que permitan reconocer social y económicamente ese conjunto de trabajos históricamente invisibilizado y no remunerados, altamente feminizados. Según datos del ReNaTep, las mujeres representan el 89,2% en el caso de las tareas de cuidado y el 83,8% en el caso de las promotoras de género. La incorporación de los servicios socio-comunitarios como parte de las ramas de actividad de la economía popular fue parte de un proceso más amplio de demanda del reconocimiento social y económico de estas tareas como un trabajo. La creación del salario social complementario implementado en 2017 -que en 2020 devino en el Programa Potenciar Trabajo- fue un primer paso en esta dirección generando un ingreso complementario a otras actividades en la economía popular por el trabajo realizado en espacios de cuidado comunitario. “Volver al trabajo” no es únicamente un ejercicio de desconocimiento sobre las innumerables competencias y tareas que realizan las personas para ganarse la vida o un eufemismo sobre las posibilidades de incorporación a relaciones salariales de contratación (formales e informales). Es un ejercicio -violento y que requiere de la violencia- de invisibilización del trabajo cotidiano en los barrios: en la asistencia alimentaria, en la promoción de salud, la prevención de la violencia, en ámbitos socio educativos, de cultura comunitaria, el deporte y la recreación. Da por tierra con incipientes procesos de reconocimiento de estas tareas de cuidado como un trabajo.
“Destruir el Estado desde adentro”, prometió Javier Milei a escasos seis meses de asumir el gobierno. Este combate contra el Estado no es una contienda contra su forma política-jurídica, en tanto garante de la libertad individual y los organismos privados de la sociedad civil, es decir, en su función (re)productiva de relaciones de dominación. La batalla es contra su función redistributiva. En esta batalla abierta contra la función redistributiva del Estado la interrupción de la entrega de alimentos a las organizaciones sociales resulta crucial. Lejos de ser gerentes de la pobreza, las organizaciones han sido en las últimas décadas co-gestoras e incluso productoras de la política social. A través de comedores populares, espacios de primera infancia, de promoción contra la violencia de género, atención de consumos problemáticos, asistencia a la salud, polos productivos o cooperativas de trabajo las organizaciones sociales han sido sostén de la vida produciendo colectivamente dispositivos de bienestar desde, contra y con el Estado. Brazos de la redistribución en el territorio.
Foto principal: Rama de Trabajadores y Trabajadores del Espacio Publico UTEP.
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