El Gobierno comenzó el proceso por el cual se licitará la concesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue, que generan el 10% de la producción total de energía eléctrica del país. A través del decreto 718/2024, estableció un plazo de 180 días para publicar los pliegos que permitirán privatizar nuevamente la concesión.
Las cuatro centrales hidroeléctricas en cuestión son Alicurá (1050 MW de potencia instalada), El Chocón y Arroyito (1417 MW), Cerros Colorados y Planicie Banderita (472MW), y Piedra del Águila (1440 MW). Las represas están situadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Todas serán vendidas a través de un concurso público nacional e internacional.
El Gobierno estableció que las centrales hidroeléctricas seguirán siendo operadas por las actuales empresas que tienen la concesión (la estadounidense AES, la italiana Enel, Aconcagua Energía y Central Puerto, respectivamente) hasta tanto se termine el proceso de licitación en marcha, que podría tardar al menos un año.
En primer lugar, la Secretaría de Energía debe publicar los pliegos en un plazo de 180 días. Luego, estará el período para recibir las ofertas y, por último, se llevará a cabo el proceso de adjudicación del paquete accionario de la concesión por 30 años. Dentro de las características de los pliegos, el Gobierno tiene que evaluar en qué estado están actualmente las represas y qué inversión demandarán para extenderles la vida útil.
Otro tema en cuestión es determinar cómo será la remuneración de la energía generada por esas centrales. A la fecha, las empresas cobran un valor en pesos por kwh que determina de manera discrecional la Secretaría de Energía. A futuro, la idea del Gobierno es que las generadoras puedan hacer contratos de ventas con privados.
El proceso de concesión durante los últimos años estuvo a cargo de Enarsa (Energía Argentina NA) como NASA (Nucleoelétrica Argentina SA) y en esta oportunidad volverán a estarlo. La diferencia es que esta vez, esas dos compañías estatales entraron en el paquete de la Ley Bases como empresas a privatizar, con lo cual ya no habrá organismo del Estado especializado en el tema que vigile los criterios de la nueva privatización, sino que quedarán determinados por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía.
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