Milei se pronunció sobre la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género a través de una extensa carta, en la que aprovechó para criticar lo que llamó la "estafa de las políticas de género" y justificar el recorte y desguace de las áreas estatales dedicadas a la asistencia de víctimas de violencia machista.
En un texto que tituló "La hipocresía progresista", el presidente decidió hacer referencia a la denuncia que pesa contra Alberto Fernández por haber ejercido violencia de género contra su exesposa y juzgó las políticas que buscan erradicar la violencia de género impulsadas por el último gobierno, como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Milei, irónicamente, tildó a los sectores progresistas de que "utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política". Así, para diferenciarse, habló del "compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon 'políticas de género'. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres".
Asimismo, sumó: "La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen" y precisó que "aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios. Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política".
Desde que asumió la gestión de Milei, desapareció el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y los programas Acompañar y la Línea 144 sufrieron recortes presupuestarios y despidos masivos de empleados.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), sobre esto, denunció que 19 políticas públicas contra las violencias hacia las mujeres y disidencias sufrieron el despido del 85% de sus trabajadores. El Ministerio antes mencionado inicialmente pasó a ser Subsecretaría dependiente del Ministerio de Justicia. Ahora, esta Subsecretaría dejó de existir y tuvo una reducción del 80% en la ejecución presupuestaria.
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