Hay miles de personas en situación de calle por toda la Ciudad. Están sentadas a la salida de los McDonald’s y los supermercados o abriendo la puerta de los cajeros, esperando que alguna de las tantas miradas apuradas y fastidiadas que les pasan por delante se detenga en ellos y les suelte un gesto de reconocimiento: una moneda, algo para comer, una ayuda. Algunos simplemente tratan de dormir o pasar el tiempo lo más tranquilamente posible. Otros, al menos cinco, murieron de frío este invierno, que fue particularmente crudo a principios de julio.
“La calle no es un lugar para vivir” es una frase históricamente sostenida por las organizaciones sociales dedicadas a la ayuda de quienes están en esa situación. También la utilizaron, textualmente, las fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que hablaron sobre el tema con este medio.
Saliendo del terreno de las consignas, no hay muchos puntos de acuerdo. Colectivos como Proyecto 7 son altamente críticos de la política gubernamental: califican de inconstitucional el protocolo de salud mental aplicado a quienes están en la calle y manejan cifras considerablemente distintas de las oficiales.
Pero, ¿Qué hace, concretamente, el Gobierno de la Ciudad? ¿Existe una política efectiva de atención a las personas sin techo, que aumentan cada año mientras la vivienda se hace cada vez más inaccesible?
La Red de Atención a personas en situación de calle
El Gobierno de la Ciudad dispone de una “Red de Atención”, que funciona “las 24 horas, los 365 días del año, a través de unidades móviles y 190 trabajadores”. Para dar una "respuesta inmediata" a quienes lo necesiten, reciben avisos a través de la línea telefónica 108 y el Boti de la Ciudad. Cuentan, además, con “47 Centros de Inclusión Social (CIS), con más de 3.360 plazas disponibles”, donde las personas que no tengan casa pueden pasar la noche y realizar actividades de “reinserción” social y laboral.
La manera oficial de encarar el tema fue noticia en abril pasado, pero no precisamente por estas herramientas. En sus redes, Jorge Macri exhibió como un logro la foto de una vereda con personas durmiendo en ella y, a continuación, una imagen del mismo lugar pero libre de presencias que perturbaran el paisaje. La habían "limpiado". Poco tiempo después del posteo, el jefe de Gobierno explicó que se había tratado de un error y eliminó la publicación.
Ya en julio, la polémica resurgió a raíz de los dichos del ministro de Seguridad Diego Kravetz, quien aseguró que si le das un plato de comida a quien está en situación de calle “lo acomodás en la pobreza”. Por otro lado, en el sitio oficial de GCBA se hablaba del tema de la siguiente manera: “Nos comprometimos a ordenar el espacio público de la Ciudad y mejorarlo para que todos los porteños puedan usarlo y disfrutarlo con libertad. Y enfrentar la problemática de las personas en la calle es prioritario”.
Los dichos de Kravetz y los posteos de Macri despertaron ciertas inquietudes. En concreto, el hecho de que el Estado pueda estar encarando la cuestión desde la perspectiva del “orden del espacio público” y no desde la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas podría derivar en maltratos y falsas soluciones: las personas serían algo que “limpiar” antes que seres humanos merecedores de un techo al igual que el resto. En este contexto, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se distanciaron de esos señalamientos en diálogo con Diario Con Vos.
“En la Ciudad trabajamos todos los días frente a esta problemática porque creemos que la calle no es un lugar para vivir. En estos meses de mucho frío, intensificamos las recorridas en toda la Ciudad así nos aseguramos que todas las personas en situación de calle puedan acceder a nuestros Centros de Inclusión o paradores para protegerse”, explicaron desde Desarrollo Humano luego de señalar que el problema viene creciendo y complejizándose “porque la profundización de la crisis económica y la pandemia acrecentaron los problemas de adicciones y salud mental que vemos en las personas”.
En el último tiempo, agregaron una subsede en Chacarita y dividieron los Centros de Inclusión Social (CIS), creando sitios específicos para “familias, hombres solos, madres con chicos o adultos mayores”. No se trata, aclaran, de “refugios de una sola noche” sino de lugares donde “las personas pueden comer, dormir, bañarse, y también recibir atención médica y psicológica”, aparte de “terminar los estudios, capacitarse en oficios, y hasta revincularse con su familia”.
Por fuera de la órbita estatal, la organización Proyecto 7 despliega un sistema de atención basado en cuatro refugios, donde “la única condición para ingresar es que haya vacante”, en palabras de su integrante Horacio Ávila. Allí capacitan laboralmente, trabajan “la educación formal y no formal, el tema del consumo de sustancias, la revinculación con la familia si es que la tienen, lo emocional y otras cuestiones”. Tienen “una panadería, un mercado, una fábrica de alfajores y un emprendimiento de serigrafía” para garantizar una salida laboral.
Uno de sus reclamos al Gobierno porteño tiene que ver con el funcionamiento de la línea 108. “A veces, desde que llega el llamado a la línea 108 hasta que un móvil pasa a buscar alguna persona o a una familia pasan entre 7 u 8 horas, y la verdad que nadie quiere esperar ese tiempo, tratan de acomodarse en otros lugares. Menos con estas temperaturas”, explica Horacio. En cambio, sostiene que debería haber una “demanda espontánea”, de forma tal que “las personas podrían ir a los dispositivos y pedir entrar, (lo cual) agilizaría mucho el ingreso de la gente y permitiría que haya menos cantidad de personas en la calle”.
Desde Fuera del Sistema, una organización más reciente dedicada a repartir viandas y abrigo, tienen una impresión similar. “Se toman su tiempo para ir a los lugares a los que se los llama. Muchas veces se los contacta de noche porque es en el horario en el que realizamos la olla y es donde nos encontramos con situaciones de familias enteras sin tener donde dormir, muy desabrigadas o mismo escapando de situaciones de violencia, donde no solo se necesita la reubicación sino también atención policial. Por supuesto que se entiende por la demanda, habiendo personas que los llaman cada segundos, pero en este caso sumar personal no estaría mal”, pondera Catalina, integrante de la organización.
¿Cuántas son las personas en situación de calle en CABA?
El último relevamiento del Gobierno de la Ciudad es de abril y refiere que hay 3.560 personas en situación de calle. En diciembre de 2023, un conjunto de organizaciones sociales contaba 8.028. Si esta última cifra es cierta, más de la mitad de las personas quedan afuera de los CIS, que ofrecen apenas 3.360 plazas. ¿Cómo se explica la brecha entre esos dos números?
El diseño metodológico que utiliza el GCBA implica recorrer la ciudad durante una noche, entre las 20 y las 2. “Fue desarrollado a través de los años por técnicos especialistas en la generación de información estadística y una de las premisas de este diseño es no duplicar casos. Esta metodología fue avalada por distintas universidades así como también por el INDEC, que en el censo nacional del año 2022 la utilizó en todo el país para censar a las personas en situación de calle”, explican desde Desarrollo Humano y Hábitat. Además, resaltan que unos dos tercios (2.235) de esas 3.560 personas pasan la noche en los CIS.
Por otro lado, Horacio Ávila explica que la medición de las organizaciones sociales se hace en un mínimo de tres días, en todas las franjas horarias, “y a veces pasamos hasta dos o tres veces por el mismo lugar por si hay signos de que hay un colchón o algo de alguna persona que en ese momento no está”. Desde Proyecto 7, son altamente críticos del método del GCBA.
“Lo realizan exclusivamente a la noche, cuando más las personas se esconden, buscan intimidad, buscan no ser corridos por la policía y no tener problemas con otros. O sea que por la noche, cuando más las personas tratan de estar invisibilizadas para también protegerse de la luz y de los ruidos, es el peor horario para hacer un relevamiento y eso es lo que hace el Gobierno de la Ciudad”, se explaya Ávila.
Consultados por estas diferencias, desde el Gobierno porteño aseguran que las mediciones de las organizaciones sociales no garantizan la no repetición de casos en el conteo. “En los documentos publicados no está aclarado cómo con la metodología implementada podrían evitar la duplicación en los casos donde la persona no accede a dar sus datos identificatorios y donde, además, muchas personas se mueven constantemente de lugares”. También defienden el horario nocturno porque durante el día hay quienes hacen changas pero sí tienen un hogar al que volver.
Las principales diferencias entre ambas metodologías pasan por el horario y la cantidad de veces que se pasa por el mismo lugar.
Por su parte, Ávila asegura que el conteo de las organizaciones sociales no se presta a duplicaciones porque utilizan “una aplicación que permite cruzar datos para que no se repitan las personas”.
En noviembre pasado, el GCBA introdujo una modificación en el conteo realizado en los CIS. De acuerdo con este cambio, la cifra de 3.560 personas en situación de calle no incluye a aquellas que sí se alojan en los refugios pero que al momento del sondeo están ausentes “por motivos de estudio o trabajo”. Si se agrega a esas personas, el total de quienes no tienen un hogar donde dormir asciende a 4.009 según los registros oficiales.
El protocolo de salud mental: entre la asistencia y la "caza de brujas"
En abril, el Gobierno de la Ciudad anunció el lanzamiento de su protocolo de salud mental para personas que están en situación de calle. Básicamente, consiste en dar intervención al SAME “para trasladar a la persona, si es necesario, a un hospital hasta estabilizarla y poder darle un diagnóstico clínico preciso”. También implica el traslado a “un Centro de Inclusión específico (el Julieta Lanteri) para personas en situación de calle con problemas de salud mental”, que “recibe derivaciones desde hace dos meses”.
Según el Ministerio de Desarrollo Humano, “hoy 6 de cada 10 personas en situación de calle sufren algún padecimiento de salud mental o adicciones”. ¿Con qué criterio definen si aplicar o no este protocolo? Las fuentes gubernamentales responden que los trabajadores juzgan si la persona en situación de calle “presenta indicios de estar cursando un cuadro compatible con padecimiento de salud mental o de consumo problemático”, y que en caso de considerar que sí dan intervención al SAME.
Los voluntarios de Fuera del Sistema ven la medida con buenos ojos. “Creemos que es una buena iniciativa, por el momento tuvimos la suerte de no llegar a ese punto y necesitarlo, pero en ocasiones pasadas ha sido un verdadero desastre la forma en que se organizaba el sistema de salud”, reflexionan.
En contraste, Proyecto 7 considera que el protocolo de salud mental “es inconstitucional desde todos lados”. En principio, desarrolla Ávila, “lo armó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que no es el organismo competente. Debería haberlo armado el Ministerio de Salud. Por otro lado, consultamos a todas las personas que trabajan en el área de salud mental y ninguno está informado de este protocolo”.
El dirigente no cree una sola palabra de las manifestaciones de buenas intenciones del GCBA. “Para nosotros claramente es una caza de brujas: es para limpiar la calle”, sentencia. “No sabemos quién hace la intervención profesional, tampoco sabemos dónde son llevados, algunos dicen que es al Borda pero no hay un registro de eso. Entonces no es algo que se pueda corroborar. Y, por otro lado, también están incumpliendo con el artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental, que es muy claro en cuanto a cuándo una persona debe ser internada compulsivamente”, completa.
En diálogo con este medio, las fuentes del GCBA pusieron algo más de luz sobre la ruta de estas internaciones. Según indicaron, tras la evaluación del SAME las personas son llevadas al Hospital General de Agudos, donde reciben un diagnóstico. De ahí, por lo general, se las deriva al CIS Julieta Lanteri, donde “llevan adelante su recuperación, acompañados por una red de profesionales, como psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales”.
De todas maneras, los funcionarios no disimulan su rechazo a la Ley Nacional de Salud Mental: “Pone trabas para poder abordar a las personas en situación de calle con esta problemática, y no nos permite actuar. Esto impide que la persona se recupere: no podemos sentarnos a esperar que quien padece levante la mano para pedir ayuda porque justamente por su padecimiento quizás nunca lo haga”.
¿Puede pasar que internen personas por la fuerza? Las fuentes ministeriales contestaron que “en algunos casos” intervienen las fuerzas de seguridad porque “los equipos de la Red de Atención muchas veces son víctimas o presencian situaciones de violencia”. De este modo, “cuando detectan peligro inminente contra ellos o un tercero, se activan los protocolos correspondientes para dar aviso a la Policía de la Ciudad”, agregan desde Desarrollo Humano.
"Dejar de generar pobreza"
El balance que hace el GCBA sobre su atención a las personas en situación de calle es favorable. “Tenemos un centenar de casos de egresos positivos de nuestros Centros de Inclusión de personas que vivieron en la calle. Todos los meses suceden. Desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, hay muchas personas que se formaron, que consiguieron trabajo, y hoy se encuentran egresando de un CIS, o ya alquilando su propia vivienda. Y gracias a convenios con organizaciones y casas de estudio, hoy las personas salen aprendiendo un oficio, con un trabajo y un lugar donde vivir”.
Cuando Kravetz defendía la no entrega de comida, también aseguraba que al estar en la calle “se transforma tu cabeza” y por ende tenés “otra forma de vida”. Al explicar su trabajo, en contraste, Horacio Ávila comentaba que “la mayoría de los que colaboramos en Proyecto 7 somos personas que estuvimos o que están actualmente en situación de calle, entonces cuando nos acercamos es como pares”. Un punto de vista y otro se corresponden con dos posibilidades distintas: la de concebir al otro como un semejante “que está pasando una condición malísima” y la de percibirlo como un estorbo estético o una amenaza.
A la vez, Ávila señala que el problema no se agota en cómo asistir a las personas una vez que ya quedaron en la calle. El dirigente destaca la necesidad de suspender los desalojos, reglamentar la legislación sobre personas en situación de calle y frenar la destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores. “Desde nuestra visión, lo que debería dejar de hacer el Estado es provocar más pobreza. El gobierno anterior y el gobierno actual están provocando una pobreza extrema que ya no tiene límites, ni tampoco tiene comparación con otras épocas de la Argentina”.
Foto: GCBA.
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