El gobierno anunció el “rediseño” del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), desligando al Estado Nacional de su implementación e instando a las provincias a asumir el gasto de su ejecución, lo que en la práctica equivale a su desmantelamiento.
El Plan ENIA es una política pública integral, que es considerada un modelo en la región. Creado en 2017, desde sus inicios supuso la articulación de tres Ministerios: Salud, Desarrollo Social y Educación.
La capacidad de los feminismos para articular, construir acuerdos y poner y sostener en agenda el derecho de las niñas a no ser madres, le permitió emerger y atravesar dos gestiones nacionales muy diferentes. También una pandemia que puso obstáculos al elemento clave del Plan: las asesorías de salud integral en escuelas secundarias y espacios comunitarios. A partir del trabajo de escucha y acompañamiento por parte de referentes ENIA, esas asesorías buscan facilitar el acceso a servicios de salud y métodos anticonceptivos. También detectar y abordar tempranamente situaciones de violencia sexual y apoyar en el acceso a la interrupción del embarazo, pero no son un dispositivo clásico de atención médica. Son la construcción de vínculo entre asesores en salud integral y adolescentes. Un vínculo de confianza que, con el tiempo, les permitiría a les adolescentes referenciarse con les asesores para hablar incluso sobre problemáticas vinculadas a la configuración familiar, situaciones de consumo y salud mental.
Así, el Plan no consiste sólo en la compra de métodos anticonceptivos. Algo que destaca del ENIA, es su inserción capilar: estar ahí cerquita de las escuelas, de los centros de salud, de los centros comunitarios. Estar donde transcurre la vida cotidiana de les adolescentes construyendo vínculos que ponen en juego compromisos interpersonales claves, para la concreción de los objetivos programáticos.
En nuestro país, son cada vez más las investigaciones feministas que sin desantender lo macro han comenzado a interesarse por la dimensión más micro del Estado, visibilizando cómo los programas sociales se “hacen” en diversas escenas cotidianas, cómo las acciones estatales se crean y recrean a un nivel cotidiano, en “encuentros burocráticos” banales (Perelmiter 2016). Preocupadas por comprender las formas en que son resignificados localmente aquellos programas, han evidenciado cómo las trayectorias profesionales de les trabajadores estatales, sus saberes técnicos, sus posicionamientos éticos-políticos y compromisos morales y afectivos, intervienen en cómo se concretan las intervenciones del Estado. Cómo, aunque limitades por las disposiciones formales, inciden y transforman los sentidos y alcances que delinean y asumen las políticas en las que trabajan.
Como parte de su proceso de ajuste fiscal feroz, el gobierno nacional decidió discontinuar las acciones llevadas a cabo por el Plan ENIA. En abril, el Ministerio de Salud de la Nación anunció su rediseño, finalizó la contratación de más de 600 trabajadores que llevaban adelante la política a lo largo del país y redirigió el rol del Estado Nacional, limitándolo, según dijo el vocero presidencial, a la compra de insumos y su distribución.
Terminar con el ENIA para reducir gastos es paradójico. El Plan es muy “barato” si se lo compara con los que le cuesta a Argentina el embarazo adolescente. Según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas Argentina “pierde” USD 834,7 millones anuales como resultado de los embarazos adolescentes.
Desde que el Plan empezó a implementarse en el país, se logró un descenso sostenido de la fecundidad adolescente y las brechas de desigualdad entre las regiones del país. Sin embargo, que se haya logrado disminuir cerca de un 50 % la tasa de fecundidad, y que esto signifique en definitiva un ahorro para el Estado, ha resultado indiferente para la voluntad del gobierno de avanzar en el cierre del Plan.
Esto permite pensar en el componente religioso y moral conservador detrás de la decisión de interrumpir un programa que ha garantizado el acceso de miles de adolescentes al sistema de salud y tomar decisiones informadas.
El presidente, funcionaries y representantes de La Libertad Avanza se han expresado en diferentes oportunidades, por ejemplo, contra la Educación Sexual Integral y el uso de lenguaje inclusivo por considerarlas formas de adoctrinamiento “antinatural”. También, al igual que otros gobiernos de extrema derecha, se han escandalizado y puesto en duda la necesidad de normativas y políticas claves, como el acceso al aborto legal y las políticas de asistencia para situaciones de violencia de género. Esto último, aun a sabiendas de que en los primeros seis meses del año se registraron más de un centenar de femicidios.
El embarazo no intencional en la adolescencia es un elemento central en la desigualdad de género. Trae aparejados impactos negativos en las trayectorias educativas y en la inserción en el mercado laboral de las adolescentes. En niñas menores de 15 años no solo afecta las oportunidades de trabajo, estudio y desarrollo personal, sino que también puede implicar riesgos graves para la salud.
Para diseñar estrategias eficaces para la prevención del ENIA no alcanza con repartir métodos anticonceptivos. La decisión del gobierno nacional de no renovar los contratos de quienes llevaban adelante cotidianamente el Plan afecta su aspiración central de combatir la desigualdad de género. Les trabajadores son claves no sólo porque brindan asesoramiento en salud integral y capacitan en ESI, porque muches diseñan talleres para sacar la vergüenza de hablar sobre ciertos temas y aprender sobre otros, sino porque son quienes escuchan y acompañan a les adolescentes.
La indagación de la dimensión vivida de las políticas, por parte de la antropología y la teoría feminista del Estado, ha permitido ponderar el trabajo relacional involucrado en intervenciones estatales y en su eficacia. También ha mostrado que las políticas sociales dirigidas a niñes y adolescentes se encuentran “cargadas” tanto de institucionalidad como de dimensiones afectivas y de compromisos morales que las (re)definen. Estos compromisos desplegados en el hacer cotidiano de las políticas se condensan en un “saber acompañar” y un “hacer vínculo” que sitúan a lo individual, lo personal y lo íntimo dentro del flujo de la vida colectiva, estructurada asimismo por procesos de jerarquización y desigualdad (Gaitán y Paz Landeira, 2020).
Para que una política pública sea capaz de garantizar derechos a todes, necesita de trabajadores sin contratos precarios, debidamente capacitades para escuchar, asesorar y acompañar a adolescentes en los territorios. En el ENIA, con muy buenos resultados, el ajuste decidió despedirles. Sin un marco legal que lo resguarde frente a la embestida ultraconservadora, el Plan, al igual que la protección y promoción de la salud sexual y no reproductiva de les adolescentes queda en la cuerda floja. A los feminismos les tocará entonces, continuar haciendo lo que históricamente han sabido hacer, con imaginación política defender los derechos sexuales y no reproductivos alcanzados.
Más Información
