El realizador audiovisual Goyo Anchou denunció que desde la Secretaría de Cultura de la Nación bajó una directiva sobre una serie de "contenidos prohibidos en centros nacionales" en los que se incluyen temáticas “LGBT, feminismos, críticas a la dictadura, defensas del gobierno previo”. La censura alcanzaría incluso a aquellas películas “que incluyan a Lali Espósito”.
El director y docente hizo la denuncia en sus redes sociales, que no tardó en tener eco por su gravedad para la cultura nacional. Según escribió, presentó una propuesta de ciclo de cine a un espacio dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación- cuya identificación resguardó por temor a los despidos- desde donde le comunicaron la censura que rige desde enero.
“Cuando nos decían que había una restricción para programar contenidos que hablaran mal de la dictadura, sentí una sensación de irrealidad”, cuenta Anchou. “Pero uno lo racionaliza y tiene sentido con lo que sabemos acerca del Gobierno”. Aunque le sorprende que se impida proyectar películas que narren el terrorismo de Estado, “la censura tiene sentido con todo lo que está pasando en otros ámbitos. Son verosímiles las restricciones a los contenidos feministas y LGBT cuando desde las cúpulas del gobierno están profiriendo barbaridades contra las minorías sexuales. Pero en el momento en que te lo plantean, cobra la gravedad de la realidad que se manifiesta”.
La censura tiene sentido con todo lo que está pasando en otros ámbitos. Son verosímiles las restricciones a los contenidos feministas y LGBT cuando desde las cúpulas del gobierno están profiriendo barbaridades contra las minorías sexuales
La censura en el área de la cultura no es la primera que presenta este gobierno, que ya había tomado decisiones de este tipo. Hace un par de meses, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria denunció la decisión de las autoridades del INTA al prohibir el uso de términos como “agroecología”, “cambio climático”, «biodiversidad», «género», «sustentabilidad», “huella de carbono” y “prohuerta”, entre otros.
Distintas fuentes de organismos dependientes de la jefatura de gabinete de la nación, cuando Nicolás Posse estaba al frente, relataron haber participado de reuniones en las que se les informó algunas palabras que no podían incluir en sus comunicaciones: “soberanía”, “festival” o “referente”, esta última porque denota territorio y militancia.
En la cancillería, en tanto, se impulsó la supresión de palabras en documentos multilaterales. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU propuso eliminar el término “género” en una resolución sobre violencia de género, que fue rechazado. Además, solicitó que se quiten términos como “perspectiva de género”, “familias”, “defensores de derechos humanos”, “paridad de género”, “salud mental”, “discriminación”, “violencia sexual” y “mujeres trans” en el documento final de la 54º Asamblea General de la OEA, que se llevó a cabo el mes pasado en Paraguay.
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