YPF ya había anunciado el retiro de la empresa de zonas de explotación convencional en febrero. Luego de la aprobación de la Ley de Bases, se anunció que lo haría a partir del 1 de septiembre. El abandono de estos pozos tiene como consecuencia no sólo desocupación y menor producción para consumo interno, también apareja un grave daño ambiental.
Entre el 15 y el 19 de julio tuvo lugar una huelga petrolera en las áreas que opera YPF en Santa Cruz. El reclamo del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) fue la reactivación de los yacimientos y la subida de equipos al campo, que están paralizados desde hace meses. La paralización aumentó desde que comenzaron las nevadas. La inquietud no es sólo de los trabajadores petroleros, ya que no tener actividad en los pozos trae aparejados problemas vinculados al abastecimiento de este servicio. A fines de mayo, Argentina ya vivió la falta de previsión del gobierno de Javier Gerardo Milei, y estuvo al borde del colapso energético, por lo que hubo que traer de urgencia gas licuado de Brasil.
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció en febrero que la petrolera se retiraría a partir de abril de los 55 yacimientos de petróleo convencional que tiene en el golfo San Jorge. De esta manera, la empresa estatal abandonaría todas las obras de la zona norte de Santa Cruz y parte de Chubut. Ofreció transferir los activos a operadoras independientes o compañías regionales –pymes o grandes concesionarias- para que éstas que pudieran hacer las inversiones necesarias en los yacimientos maduros. Dicha decisión implica traerá a las provincias petroleras una serie de problemas ambientales, productivos y sociales hasta encontrar nuevas compañías que se hagan cargo de lo que YPF abandona. Actualmente la producción está paralizada de hecho, ya que desde enero sólo se invirtieron 80 millones de dólares y no se realizaron más tareas de exploración.
El recorte de tareas en YPF busca, como toda empresa (desde que volvió a manos del Estado no dejó de tener una lógica empresarial privada), mayor rentabilidad al dedicarse exclusivamente a zonas con el mayor potencial de explotación y la consiguiente exportación de la producción. Para la explotación de Vaca Muerta realizarán este año inversiones por 3000 millones de dólares.
A fines de marzo, los gobernadores patagónicos, quienes en febrero habían formado el bloque “Provincias Unidas del Sur” para demandar la entrega de los fondos de coparticipación a Milei, habían declarado que realizarían una demanda judicial conjunta a YPF ante el anuncio de los cierres. Finalmente, esta demanda no ocurrió. Cada gobernador busca su propia salida a la crisis causada por el retiro de la petrolera estatal. Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, donde se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, es el menos perjudicado; tiene otros problemas: en la legislatura provincial se decretó una emergencia por la no realización de tareas de Vialidad Nacional, más el conflicto de los trabajadores petroleros de empresas privadas por ganancias (en Vaca Muerta ya hicieron un paro total de actividades en junio).
En Chubut, gobernada por Ignacio Torres, el sindicato de petroleros logró un acuerdo por 120 días con YPF, por el que la empresa se compromete a pagar el 80% de los salarios de 1.200 trabajadores agremiados de las zonas que serán otorgadas a privados. Entre las empresas que pretenden quedarse con las zonas de Santa Cruz están Pérez Companc y el Grupo Neuss. Todo indica que se negoció con Torres para bajar la conflictividad y no trabar las negociaciones. Pero el gobernador de Santa Cruz y exdirigente petrolero, Claudio Vidal, se niega a replicar un acuerdo similar en su provincia. En Santa Cruz, YPF sólo conservaría los negocios en Palermo Aike, el yacimiento de gas no convencional en la provincia, un proyecto en desarrollo incipiente. El de Río Negro, el gobernador Weretilneck esperó a la sanción de la Ley de Bases para apegarse al RIGI para disputarle a la provincia de Buenos Aires la instalación de una planta de gas licuado de Petronas.
En Santa Cruz, las negociaciones sobre ese retiro y sus condiciones con el gobierno provincial son secretas. La preocupación por el futuro de los puestos de trabajo, ya se había planteado en una asamblea en Cañadón Seco en abril, también en reuniones con los intendentes de la zona. Al mismo tiempo toma importancia el tema del pasivo ambiental que deja YPF, y que en palabras del ministro de Minería Jaime Álvarez las nuevas empresas concesionarias “deberán hacerse cargo del pasivo y de un plan de remediación”, y también “deberán invertir más que YPF”, que según su versión entre 2027 y 2047 “no tenía compromisos de inversión”; o sea que deberían invertir más que cero.
La decisión de la compañía CGC (empresa de Eurnerkián, exjefe de Milei) en Santa Cruz de “bajar” los equipos de perforación y cancelar nuevas actividades de búsqueda en los yacimientos del sur de Santa Cruz, renovó la conflictividad social. Agranda el problema además, los retiros “voluntarios” en camioneros y petroleros, que ha golpeado a los obreros de la construcción que se desempeñan en los yacimientos con el despido de cientos de trabajadores del Convenio 545 (UOCRA-petróleo). Desde el 23 de julio, nuevamente los trabajadores despedidos de la UOCRA han cortado la Ruta 3 a la salida de Río Gallegos y los de El Calafate hacen lo mismo en las rutas que llevan a los yacimientos del Cerrito y Boleadoras. En Santa Cruz son más de una docena de áreas y la incertidumbre es total. YPF viene desinvirtiendo desde hace años.
Cuando YPF se retire, no sólo abandonará las 55 áreas petroleras maduras en el conjunto del país, sin que pondrá en riesgo miles de puestos de trabajo. Esta decisión de la empresa busca bajar los costos de producción y aumentar las exportaciones de hidrocarburos, sin pensar en el abastecimiento interno. Esto augura nuevos problemas como el ocurrido con el gas en mayo.
El otro gran problema que surge gracias al desmantelamiento de los yacimientos maduros por parte de YPF, es el pasivo ambiental. En Comodoro Rivadavia hay más de 4 mil pozos mal sellados. La contaminación y daños ecológicos que acarrea toda la cadena de explotación es de por sí enorme: la polución alcanza a la atmósfera, la tierra y el agua, por lo que se ven afectadas la biodiversidad y la salud humana. El impacto ambiental debe también considerar la cantidad de piletas secas tapadas de forma precaria, gracias a las normativas nada exigentes que existían hasta los 90. A esto se suma los ductos abandonados, tanques, y otros equipos en desuso. Tampoco se realizó el rastreo de material radiactivo que se manejó por la zona. Ni el Estado mileísta, ni las empresas que se hagan cargo de la explotación, remediarán este desastre.
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