El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, jefe de todos los abogados del Estado, dictaminó que el Gobierno no está obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública a brindar datos sobre los "hijitos de cuatro patas" de Javier Milei.
El texto se hizo en respuesta de un pedido de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, para que analizara el encuadre jurídico de dichos pedidos para saber si debían o no ser contestados. Y es que los gastos que generan los perros clonados de Milei motivaron muchísimos pedidos de acceso a la información pública.
Los perros de Milei siempre fueron una fibra sensible para el Presidente. En este sentido, Barra sostuvo que deben rechazarse las consultas sobre el tema -que consideró “banales”- y dijo que los caniles construidos en la Quinta de Olivos los pagó Javier de su bolsillo.
Y Barra fue más allá. “La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”.
El Procurador del Tesoro se refirió a los gastos que implicó el desembarco de los perros. ”En todos los casos las áreas competentes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación informaron que los gastos vinculados con el acondicionamiento del Sector Casa sustentable, para ser utilizado para caniles y/o los relacionados con el cuidado y manutención de las mascotas, no fueron abonados con fondos del Tesoro Nacional”.
Por último, el funcionario destacó que el acceso a la información pública (ley 27.275) tiene raigambre constitucional, promueve la “participación ciudadana” y la “transparencia” en la gestión pública. “Consiste en la prerrogativa que tiene todo individuo de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan, así como el destino que otorgan al dinero público. La información no es propiedad del Estado, sino que pertenece a los ciudadanos”, detalló.
Más Información
