La CGT rechazó la visita que le hicieron unos diputados de La Libertad Avanza a genocidas presos por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Dijo que esta acción es parte del "avance negacionista" que pretende darle "impunidad" a los condenados por estos crímenes, y resaltó que lo que hicieron estos funcionarios "pisotea la dignidad, la memoria y la gloriosa historia" de los trabajadores argentinos.
“Los trabajadores y el movimiento obrero organizado fueron las principales víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura genocida”, dijeron desde la CGT en un comunicado difundido por las redes sociales. El texto se titula “Manifestamos nuestro repudio a quienes pretenden imponer la impunidad”.
El comunicado lo hicieron a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la entidad, y expresaron su “más absoluto repudio” a la visita que realizaron el pasado 11 de julio al penal de Ezeiza los diputados libertarios Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci. El primero de ellos fue quien organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores y aseguró que fueron a la cárcel a “ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”.
"Las principales víctimas" de los genocidas -dice la CGT en su comunicado- fueron personas que formaban parte del movimiento obrero. Además, remarcaron que no son cifran inventadas, sino datos oficiales: el 70% de los desaparecidos fueron trabajadores.
“Esa lucha épica y de los centenares de miles de víctimas (entre desaparecidos, secuestrados, perseguido, despedidos y encarcelados) se asiente bastardeada por la actitud de estos ‘legisladores’ que pisotean la dignidad, la memoria y la gloriosa historia del movimiento obrero organizado argentino”, dice el texto. Por eso, aclaran, “manifestamos nuestro más absoluto repudio” ante la visita de apoyo de los diputados de LLA a los represores.
La Confederación General del Trabajo cree que es un gesto que “significa un avance negacionista que pretende avanzar en un proceso de impunidad”, e “incluye un claro ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el pueblo argentino construyó a lo largo de estos 40 años de democracia”. Este texto está firmado por los titulares de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, Maia Valcovinsky y Julio Piumato.