El juez federal en lo contencioso administrativo, Martin Cormick, decidió habilitar la feria judicial para ejecutar la medida cautelar. La misma había sido emitida por el juez Walter Lara Correa, y obliga al Gobierno a cumplir con los programas alimentarios vigentes del Ministerio de Capital Humano. Cabe destacar que estos quedaron discontinuados desde el mes de febrero, lo que provocó un desabastecimiento en los comedores comunitarios.
La UTEP y el CELS, quienes actúan como personería en la causa, habían pedido por la habilitación de la feria judicial. El fallo hace lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial. Es importante remarcar que este exige asegurar de una manera eficaz y sustentable el derecho a la alimentación adecuada del colectivo representado.
Además, ordena al Ministerio de Capital Humano a continuar con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
Por último, le pide al ministerio que conduce Sandra Pettovello que asegure su efectiva ejecución (de las partidas alimentarias) evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria por cuestiones ajenas a las pautas fijadas por las leyes y resoluciones vigentes hasta tanto se dirima la cuestión de fondo del presente constitucional.
En ese sentido, el CELS reveló: "Desde diciembre pasado distintos comedores y merenderos comunitarios dejaron de recibir mercadería mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementó producto de la crisis económica y social agudizada por el ajuste del propio gobierno".
Debido a esto, en febrero la UTEP y el CELS un amparo colectivo y el reclamo de una medida cautelar para que se garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente.
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