“Salió Mati en los videos de Tortuguitas, ¿vieron?” comentó Juan, risueño, a los operadores sociales de una política pública territorial de la PBA un miércoles de fin de junio. El operador y la operadora no sabían de qué hablaba. Sentados en ronda alrededor de una mesa, ocho adolescentes de entre 15 y 19 años compartieron sus impresiones sobre lo ocurrido dos días atrás. Los que tenían celular lo sacaron y empezaron a mostrar los videos. Mientras que algunos de ellos comentaron que era sabido que habría problemas ese día, otro dijo que, en realidad, se juntaban a intercambiar ropa, a mostrarse ante los demás con sus “pilchas” de moda, para ver quien ganaba, quien tenía la “mejor ropa”.
La “Juntada pilchera” fue noticia de algunos diarios la última semana de junio porque terminó con heridos y detenidos, en una de sus ediciones en el Tortuguitas Open Mall de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. ¿Qué es la “Juntada pilchera? Según las crónicas periodísticas se trata de un evento autoconvocado por jóvenes a través de las redes sociales para encontrarse en los shoppings, mostrarse la ropa deportiva que tienen y producir contenido para redes sociales. Según le contaba Mati a los operadores, quienes convocan son tiktokers con muchos seguidores y ellos mismos van a “cambiarse la ropa” con otros chicos.
Si bien la mayoría de los jóvenes van a esos encuentros para pasarla bien, divertirse, mostrar sus estilos e intercambiar ropa, el sábado 22 de junio en el shopping de Malvinas Argentinas, hubo confrontaciones entre algunos de ellos para, aparentemente, robarse prendas. El evento terminó con dos personas apuñaladas, heridos y más de una decena de detenidos.
Como la mayoría de los y las adolescentes, quienes participan de la “Juntada pilchera” aprecian la indumentaria de marca y tenerla es un elemento central para reafirmar su posición social, para agruparse con unos y distinguirse de otros. Para el cotidiano de las vidas de los jóvenes de sectores populares, los centros comerciales son espacios paradójicos: están plagados de estos objetos que desean pero a la vez manejan precios imposibles de pagar para la mayoría de ellos. No obstante, su acceso libre les permite usar sus instalaciones como escenario ideal para producir contenidos para las redes sociales, un ámbito que habitan con soltura. Que la “Juntada pilchera” se realice en los shoppings puede ser una táctica para mostrarse por un rato en esa suerte de mundo “prestado”, o también, puede pensarse como una disputa por un espacio que desean ocupar. Como sea, estamos frente a una práctica cultural de adolescentes y jóvenes de sectores populares que parece estar ganando relevancia en la escena nacional, y que tomó notoriedad pública por haber incluido prácticas violentas.
Tras los incidentes, las autoridades políticas y de los centros comerciales pusieron atención a la nueva convocatoria: el sábado 29 habría una nueva Juntada en el centro comercial Altos Rosario. Los diarios locales destacaron que, al encenderse las alarmas tras la experiencia bonaerense, diversas áreas de gobierno preparaban estrategias preventivas. Los videos de la convocatoria pedían que no hubiera ropas de clubes para evitar las broncas. Las autoridades del shopping, por su parte, declararon a los cronistas que iban a reforzar las medidas de seguridad para proteger a clientes y empleados. Desde el gobierno municipal se preveía el despliegue de fuerzas policiales con la finalidad de evitar desmanes, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Finalmente, el evento no se realizó porque se prohibió la entrada a menores que no estuvieran acompañados de adultos.

El día anterior, el viernes 28 de junio, estaba prevista otra “Juntada” de “pibas” en el Unicenter, de Martínez, Buenos Aires. En medio de malestares de parte de los jóvenes porque no los dejaron entrar al centro comercial que incluyó la detención de una joven, esta jornada tampoco se realizó, como otra en el Alto Avellaneda que estaba prevista en días cercanos. En los últimos dos casos, personal de seguridad de los shoppings y la policía negaron la entrada los y las asistentes. Por su parte, en Neuquén, también se dispuso un operativo policial para disipar a los adolescentes de las inmediaciones de un centro comercial y el evento se trasladó espontáneamente a un espacio público.
Las rivalidades y las escaladas de violencia que marcan algunas prácticas juveniles deben ser materia de interés y de problematización de forma rigurosa y compleja; en todas las épocas han existido y han variado en cuanto a su composición y despliegue. Sin embargo, más que en ellas, en estas líneas queremos enfocar en qué responsabilidad nos cabe como sociedad, qué responsabilidad le cabe al estado en la gestión de estas prácticas, qué formulaciones pueden hacerse y cómo el accionar estatal nos informa de cómo se está pensando la juventud. En contextos en donde las redes sociales potencian los deseos de consumo, al mismo tiempo que las coyunturas políticas y económicas producen una agudización de los procesos de precariedad social y exclusión, el asunto cobra vital relevancia.

Respecto de la “Juntada pilchera” toda la visibilización pública del tema se centró, luego de encendidas las alarmas, en cómo iba a procederse para evitar que estos eventos se desarrollaran. Y entonces, el único actor que entró en escena fue el policial, público o privado. Disuadir, dispersar, desplazar, detener a los y las adolescentes. Como resultado, adolescentes detenidos, expulsados de lugares públicos, estigmatizados y segregados.
¿Qué otras opciones para abordar estas prácticas -potencialmente problemáticas para los propios adolescentes- se nos pueden ocurrir? ¿Qué otras preocupaciones podemos tener en mente más allá de la tranquilidad de los clientes que van a pasar un buen rato al shopping? ¿Qué otros actores de la política pública pueden formar parte de la escena que gestiona estas prácticas de adolescentes de sectores populares?
Nos urge preguntarnos si acaso el consumo no es un asunto que nos convoca a todos y todas, sólo que el que desean quienes pertenecen a sectores populares está más observado y moralizado.
Nos urge preguntarnos si acaso el consumo no es un asunto que nos convoca a todos y todas, de diversas clases sociales y rangos etarios, sólo que el que desean quienes pertenecen a sectores populares está más observado y moralizado que el de otros grupos. Como analistas de la sociabilidad juvenil popular sabemos que el consumo es fuente de muchos conflictos entre jóvenes, y por ello lo asumimos como un asunto que debe ser abordado críticamente. Pero su asunción genuina requiere trabajar sobre él con los y las adolescentes. Son ellos y ellas quienes en última instancia se perjudican porque un grupo se desbanda y produce disturbios; después les impiden la entrada a los shoppings, les cercenan las posibilidades de desplegar sus iniciativas, y los y las estigmatizan cada vez más. Y las políticas destinadas para adolescentes tienen que asumir su responsabilidad en abordar estos temas, en enseñar a encontrar formas creativas que evitar la escalada de los conflictos.
Quienes convocaban en Rosario a la Juntada después de los incidentes en el Tortugas, pedían no venir con remeras de clubes de fútbol, no engancharse en el “kilombo”. Seguramente existe en algunos jóvenes la tentación placentera del desorden, pero en muchos de ellos también hay interés y orientación sobre cómo proteger sus propios eventos del desmadre. Si el Estado va a intervenir, no puede solamente hacerlo para disuadir con la policía. Las políticas juveniles deberían asumir este asunto como propio y disputar respuestas políticas al asunto.
La seguridad no solo debería pensarse desde las fuerzas policiales y hacia los clientes de los shoppings.
Como señalamos al comienzo, no nos enteramos del suceso por los diarios, sino porque el tema surgió entre risas en un taller grupal de un programa territorial destinado a jóvenes. Los jóvenes no ocultan sus prácticas –aún disruptivas- a los agentes estatales con quienes tienen confianza y de quienes reciben un trato respetuoso. Es decir, desde el trabajo territorial que hacen las políticas públicas existe la posibilidad de acompañar y problematizar las situaciones conflictivas que vivencian los adolescentes en sus vidas cotidianas. Trabajar sobre los consumos, sobre las rivalidades y problematizar las prácticas que construyen identidades a partir de sentirse superior o inferior a otros en base a las pertenencias materiales o al ejercicio de las violencias. Apoyarlos para proteger sus propias prácticas de los que las tergiversan, de los que quieren bardearlas, ayudarlos a que construyan unas propias reglas que no empañen lo que sí quieren hacer. Estas políticas tienen la responsabilidad de hacer este trabajo y son espacios con mucha potencialidad que habría que fortalecer y profesionalizar en lugar de desarticular. La seguridad no solo debería pensarse desde las fuerzas policiales y hacia los clientes de los shoppings; hay otros ámbitos estatales que pueden actuar de manera preventiva, y también hay adolescentes y jóvenes que requieren mayores niveles de seguridad y menos estigmatización.
En otro nivel, ¿qué pasó con los jóvenes que fueron detenidos acusados de apuñalar a sus pares? ¿Se les inició una causa por lesiones leves? ¿Se caratuló como intento de homicidio? ¿No se intervino porque resultaron no punibles por edad? ¿Se los detuvo? ¿Se los mandó a la casa? En un contexto en el que nuevamente el populismo punitivo arremete con un proyecto para bajar la edad mínima de punibilidad necesitamos hacernos preguntas sobre el tipo de conflictos que protagonizan los jóvenes y por las respuestas estatales que les estamos dando a estos hechos. La evidencia local e internacional existente nos muestra que un caso como este podría ser tratado con estrategias restaurativas dentro o fuera del ámbito penal, para problematizar el contexto del conflicto, los actores, las razones, las responsabilidades, las consecuencias y las reparaciones. Los dueños, trabajadores y clientes de los shoppings son víctimas de los disturbios, pero también los muchos jóvenes que ahora ven impedidas sus propias prácticas y a la vez son expulsados de espacios públicos. Se trata de un suceso que no involucra simplemente a particulares, que no representa un hecho aislado ni fortuito, sino que es producto de tramas relacionales enraizadas y que se agudizan en épocas de mayores desigualdades sociales.
* Marina Medan es investigadora del CONICET en el LICH (EH-UNSAM/CONICET) y Julieta Nebra es becaria posdoctoral del CONICET.