La ONG “Global Human Rights League” asegura que existen casi tres centenares de presos en Bolivia que están detenidos por razones políticas. En concreto, denuncian que hubo 296 presos políticos en el país de los cuales aún siguen detenidos 278, cifra que se actualizó tras la reciente captura de Luis Fernando Hamdan Calancha, a quien las autoridades vinculan con el reciente intento de golpe.
El organismo precisa que, de los 296 considerados presos políticos en Bolivia, 250 fueron hombres y 46 mujeres, y contabilizan dos menores de edad entre las personas detenidas. Desagregando por ocupación, el informe indica que la mayoría (114) son civiles, mientras que otros tantos son funcionarios públicos, “cívicos”, campesinos, políticos, policías y, en menor medida (2) periodistas.
La web de la organización explica los criterios que usa para determinar que alguien es un preso político. Aseguran, en primer lugar, tomar como referencia “la definición de preso político de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del 5 de septiembre de 2012”.
Además, se valen de información sobre la persona detenida; entrevistas con familiares, vecinos y allegados; análisis para revisar “las ilegalidades de la detención”; y otros elementos como “redes sociales, notas de prensa, y las observaciones jurídicas del equipo de abogados de la organización”.
Para Global Human Rights League (GHRL), además, una persona califica como presa política en cinco casos posibles. El primero, si la detención viola “una de las garantías fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos, en particular, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y de asociación”.
En segundo lugar, “si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con cualquier delito”; en tercero, si “por motivos políticos” la duración de la detención es desproporcionada en relación con el delito atribuido a la persona; en cuarto, si “por motivos políticos, él o ella son detenidos en forma discriminatoria"; o, finalmente “si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y ésta parece estar relacionada con motivos políticos de las autoridades”.
GHRL se autodefine como una organización que “lucha por la libertad” y se posiciona de manera abiertamente opuesta al oficialismo actual. “Desde el fraude del 2020 en las elecciones presidenciales en Bolivia, las persecuciones políticas no han parado. Arce con instrucción de Evo Morales persigue y encarcela a quienes se opusieron a la repostulación por violar el referéndum 21F del 2016”, se lee en su web.
En ese sentido, se refieren al presidente Luis Arce como un dictador y se declaran en contra de “la dictadura de la dinastía Castrista en Cuba, la opresión en Nicaragua y la ardua tarea de liberar completamente a Venezuela”.
El último sujeto contabilizado como preso político por el organismo, Hamdan Calancha, fue señalado por el Gobierno boliviano como uno de los principales autores intelectuales del intento de golpe que trascendió el pasado 26 de junio. Es presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), pero el oficialismo desconoce su “condición de veedor de derechos humanos”.
“Tenemos testigos, grabaciones, videos, declaraciones de cómo habría participado Hamdan en la comisión de estos ilícitos dentro de todo el territorio nacional”, sostuvo el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, en declaraciones citadas por Telesur. En esa línea, agregó que Hamdan “de siete a diez de la noche sostiene una reunión con (el general Juan José) Zúñiga donde planifica el golpe de Estado”.
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