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Política

Cayó otra denuncia contra el “Señor del Tabaco” por asociación ilícita y pago de coimas

Esta nueva causa implica al "Señor del Tabaco" como presunto culpable de, entre otros delitos, asociación ilícita y el pago de coimas.
señor del tabaco

Cayó una nueva denuncia penal contra el denominado "Señor del tabaco". Esta nueva causa implica a Pablo Marcelo Otero como presunto culpable de los delitos de cohecho, asociación ilícita, aprobación indebida de tributos y lavado de dinero. Dos diputados de la Coalición Cívica fueron los encargados de hacer la presentación que terminó en el juzgado 6 de Comodoro Py, a cargo de Ariel Lijo. Además, están involucrados Carlos Castagneto y Daniel Reposo, ex funcionarios de AFIP.

Pablo Marcelo Otero -"El Señor del Tabaco"-, es dueño de Tabacalera Sarandí y fue noticia por evadir durante más de 5 años el impuesto mínimo a los cigarrillos. Otero no aportaba este tributo desde 2018 y la Corte terminó fallando en su contra el mes pasado, obligandolo a pagar una deuda que supera los 1.000 millones de dólares. La denuncia realizada por Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, Otero coimeó a exfuncionarios de AFIP del gobierno de Alberto Fernández para que no se le ejecutara la deuda y pudiera seguir sin pagar este impuesto que establece la ley.

La denuncia en la que trabaja Lijo evalúa "la posible perpetuación de hechos ilícitos, conforme lo previsto en los artículos 174 y 177, inciso 1° del Código Procesal Penal". Por eso, los legisladores "venimos a formular denuncia penal a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos de Cohecho (art. 256 bis y 258 SS y CC del C.P.N.), facturación apócrifa, y subfacturación (art. 2 de la Ley 24.769 - Ley Penal tributaria-); Apropiación indebida de Tributos (art.6 Ley 24.769), Asociación ilícita (art 210 del C.P.) y de lavado de activos (art. 303 del C.P.N.)".

López y Campagnoli denuncian que existieron "maniobras posiblemente ilícitas compatibles con posibles hechos de cohecho (pago y recepción de dádivas) entregados por parte de Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. a autoridades y personal de la AFIP con el fin de que no se le reclamasen sumas millonarias de dinero, adeudada en concepto de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos".

En la misma línea, creen que "dichos hechos habrían tenido lugar desde el año 2018 a la fecha" y detallan que "a su vez, el pago de estas coimas se habría hecho visible a raíz de la discusión de la Ley de Bases propuesta por la actual gestión". Y sostienen que "Otero habría influenciado a personas dentro de la AFIP con el fin de que desaparezca un informe practicado en su contra, en el que se habrían detallado múltiples ilicitudes".

En la denunca, los legisladores dicen: "Nos encontramos frente a una empresa que, bajo apariencia de licitud, habría estado involucrado en infinidad de maniobras ilícitas las que habrían sido desempeñadas por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. cometiendo múltiples y variados delitos penales".

Y agregan: "Las medidas cautelares obtenidas fueron logradas de forma cuestionable, sin embargo, en el año 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó a la AFIP a que ejecute el cobro de las millonarias sumas que Sarandí adeudaba a dicho organismo por haberse acogido a las cautelares logradas en su favor". "En mayo del año pasado la Corte dejó sin efecto la cautelar del fuero en lo contencioso administrativo que le permitía a Sarandí no pagar el tributo y, así, habilitó a la AFIP a cobrárselo", explican. Hacia el final, agregan: "desde entonces, no obstante, el ente recaudador no aplicó el gravamen ni tampoco se presentó a reclamar el pago de esa deuda".

Los denunciados en esta nueva causa son tres exfuncionarios de AFIP: Carlos Castagneto, titular durante el gobierno de Alberto Fernández; Daniel Reposo, subdirector general de fiscalización; y Ezequiel Lebed, subdirector de operaciones impositivas. Además, figuran Javier La Palma, comandante de Gendarmería; y Roberto Modia, oficial de la Policía Federal, que habrían intervenido en el pago de las coimas.

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