“¿Vos te creés todo lo que yo te estoy diciendo?” Le dijo una voz anónima, entre risas, a Roberto Uriarte antes de cortarle el teléfono. Lo habían guiado hasta un presunto prostíbulo de Córdoba, donde se suponía que estaría su hija Otoño. El hombre, que vivía en la localidad rionegrina de Fernández Oro, había pasado meses recorriendo a pulmón buena parte del país, siguiendo pistas que resultaron ser falsas. En abril de 2007 Otoño Uriarte fue hallada asesinada en una usina cercana a su casa. Tenía 16 años cuando la secuestraron en 2006 y recién ahora, casi 18 años después, la causa está por ir a juicio.
Por estos días, cuando el juicio por el femicidio de Otoño Uriarte está por comenzar, la trata de personas se mencionó repetidamente como una de las principales hipótesis en torno de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino por cuya desaparición fueron detenidos, entre otros, el comisario local Walter Maciel, la exfuncionaria municipal María Caillava y su marido Carlos Pérez, un ex capitán de la Armada.
Más allá de la particularidad de su alcance mediático y pese a que todavía faltan confirmaciones, el escenario de posibilidades que plantea el caso de Loan no representa un caso aislado. Como tantas otras, también la desaparición y femicidio de Otoño está repleta de pistas que apuntan contra importantes funcionarios, en una trama de complicidades que explicaría estos 18 años de bloqueo, irregularidades y fuertes inconsistencias en la investigación inicial.
“Yo voy a sostener hasta el día en que me muera que Otoño fue robada con la intención de prostituirla”, afirma Gabriela Prokopiw, abogada de Roberto Uriarte, en conversación con Diario Con Vos. Desde que tomó la causa hace alrededor de tres años, la letrada empujó una intensa investigación e hizo lo posible por impedir que prescribiera. Lo logró: el 9 de agosto de 2023 era el límite para llevar el caso a juicio y Gabriela solicitó la elevación el 8.
Los imputados originales eran Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Lagos, Federico Saavedra y Juan Calfiqueo, pero por la parálisis en que se mantuvo la causa durante tantos años la acción contra Calfiqueo prescribió. Estaba imputado por encubrimiento, acusación que expira en un plazo más corto que las otras. Lagos es otro ausente: no hay rastros suyos, por lo menos, desde abril, y se asume que se fugó.
Este jueves 4 de julio se realizaría la audiencia de control, el paso inmediatamente anterior al juicio, y la abogada querellante esperaba que allí el juez Guillermo Merlo autorice que el proceso se haga bajo la modalidad de juicio por jurados. Sin embargo, sobre la hora de inicio, la audiencia se suspendió porque sólo se presentaron un abogado defensor y un imputado, con lo cual será reprogramada. "Es una falta de respeto", sostuvo Prokopiw al constatar la ausencia de dos defensores y tres imputados.
Finalmente, la nueva audiencia de control se fijó para el 31 de julio, entre las 13 y las 20 horas.
Yo voy a sostener hasta el día en que me muera que Otoño fue robada con la intención de prostituirla.
Desde 2017 rige en Río Negro un sistema acusatorio nuevo y el caso de Otoño se investiga en el marco de esa nueva modalidad, que entre otras cosas contempla los juicios por jurados (aquellos procesos en los que los jueces son ciudadanos comunes). Sin embargo, un Decreto del Superior Tribunal de Justicia estableció que los juicios por jurados aplican para causas originadas recién a partir de 2019, con lo cual el femicidio de la joven podría ser juzgado por un foro de jueces en una especie de hibridación con el sistema antiguo.
“Una de las cosas que voy a solicitar es que sí o sí se juzgue por jurados, porque yo entiendo que (el decreto del STJ) es inconstitucional. La Constitución dice que el pueblo tiene que juzgar al pueblo y nosotros ya tenemos el sistema implementado acá, ya hemos tenido juicios por jurados por otros femicidios que han ocurrido. Entiendo que este decreto tiene que ser declarado inconstitucional por el juez que vamos a tener hoy de intermedio, que es el juez Guillermo Merlo”, reflexiona Prokopiw.
¿Por qué la querella prefiere un juicio por jurados? “La familia, y más que nada Roberto Uriarte, no cree en el poder judicial. Tienen sobradas razones para no creer en este sistema de tres personas que vayan a juzgar después de 17 años, después de que él tuvo que contratarme a mí particularmente para conseguir estar en esa instancia hoy”. Las miradas están puestas en el juez Merlo: “Creo que es su oportunidad para marcar una diferencia”, se esperanza la representante de la familia de Otoño.
¿Qué pasó con Otoño Uriarte? La hipótesis de la red de trata con complicidad policial
Refiriéndose a los cuatro imputados, Prokopiw considera que son los autores materiales del hecho: "Ellos sí secuestran a Otoño, ellos sí le dan muerte, pero acá hay órdenes superiores”, advierte. “Yo hice un racconto de todo lo que habían hecho estas cuatro personas durante estos 15 años y había uno solo que estaba preso por un robo bastante importante, pero después el resto eran todas causas por intento de hurto, siempre los enganchaban haciendo algo”.
“O sea, no son delincuentes que sepan esconderse. Entonces, mi primera pregunta fue cómo hicieron estas personas para secuestrar una menor y retenerla durante siete meses en los que se la estaba buscando por toda la Argentina”, completa la abogada.
Otoño Uriarte salió de su casa en la tarde del 23 de octubre de 2006. Tenía 16 años, le gustaba jugar al vóley y solía quedarse con sus amigos varias horas después de la escuela. Por eso, a Roberto y a Ana, su pareja, no les pareció tan raro que la joven no hubiera vuelto hacia las 12 de la noche, aunque su padre le había empezado a pedir que volviera más temprano. Al llamarla, el teléfono le dio apagado.
Las alertas se encendieron por completo cuando Ana salió a sacar la basura y vio pasar un patrullero con las luces apagadas en sentido al centro. Los móviles policiales no solían pasar por esa zona, y menos a esa hora y sin luces. “Roberto, andá a buscar a Otoño porque siento algo raro”, le dijo al entrar. Cuando él salió, vio un nuevo patrullero, esta vez con luces y circulando en sentido contrario.
El “móvil fantasma” fue visto por varios testigos ese día, como una mujer que pasaba por allí a buscar a su hijo y unos jóvenes que habían ido a comprar cigarrillos. De hecho, los testigos lo vieron estacionado, también sin luces, sobre la calle Kennedy momentos antes de que Otoño pasara por allí mismo. Sin embargo, en el reporte de la comisaría figuraba un solo móvil policial en funcionamiento esa noche y no dos.
En la mañana del día siguiente, Roberto presentó la denuncia por la desaparición de su hija y, cuando le pidieron una descripción, no supo decir cómo iba vestida: cuando Otoño salió, su padre y su pareja todavía no habían regresado a la casa, así que no vieron con qué ropa se fue. Sin embargo, la circular que emitió minutos después la comisaría séptima, a cargo del comisario Ives Vallejos, contenía una descripción detallada de la vestimenta de la joven. Cuando la encontraron asesinada, llevaba esas mismas prendas. Solo los amigos de Otoño Uriarte sabían qué ropa llevaba ese día, pero ninguno de ellos declaró ante las autoridades.
Durante las primeras semanas de investigación, el entonces jefe de la policía rionegrina Víctor Cufré y el comisario Vallejos conformaron una comisión especial para investigar la desaparición. Se trató de una maniobra paralela y de dudosa regularidad que luego negaron, aunque en los registros telefónicos de Roberto Uriarte constan los llamados que le hacían ambos funcionarios para decirle cosas como que Otoño había sido vista subiéndose a un taxi.
Viene al caso mencionar que, de hecho, Cufré fue denunciado por entorpecer la investigación de una red de trata de personas que operaba en la zona, en el marco de un proceso que se desarrolló entre 2005 y 2011. También estuvo preso, pero por un caso diferente: se lo consideró responsable por una represión que culminó en el asesinato de dos manifestantes en Bariloche, motivo por el cual ahora mismo permanece con prisión domiciliaria.
Tanto el rastreo hecho con perros, como las pruebas de ADN y la propia bicicleta de Otoño, hallada en una propiedad de los imputados, dejan en claro que ellos fueron los autores materiales del femicidio. Durante uno de los allanamientos solicitados por la querella en el domicilio de Calfiqueo -ahora libre de imputación- se hallaron una media y un pedazo de la alfombra de un auto bajo cal y dos tapas de cemento, lo cual indica que los asesinos habrían enterrado allí el cuerpo de la joven antes de decidir que no era un escondite seguro y arrojarlo a las turbinas donde fue encontrado.
En tanto, una testigo protegida apuntó contra una proxeneta de la zona que es, a su vez, pariente de uno de los cinco imputados. Según su testimonio, Otoño habría sido efectivamente captada para ser prostituida hasta que, por los avances de la búsqueda, los criminales tomaron la decisión de asesinarla. Pese a que los plazos apremiaban, la querella logró incorporar este testimonio a la causa.
Es la oportunidad del juez Merlo para marcar una diferencia.
Gabriela Prokopiw
En esa línea, Susana Trimarco, madre de Marita Verón, aportó el dato de una red de trata que funcionaba entre Macachín (La Pampa), Choele Choel (Río Negro), Neuquén y San Martín de los Andes. Las escuchas, incorporadas al expediente de Otoño, revelaban la conversación entre un comisario de Choele Choel y un proxeneta apellidado De Luca que le contaba, amistosamente, que tenían que “fichar” a una chica nueva. “¿Cuántos años tiene?” preguntó el comisario, interesado. “Quince”, respondió el explotador.
En abril de este año, el abogado de Jafri y Cau, Juan Pablo Piombo, opinó livianamente que no tiene ningún sentido “castigar lo que hizo un chico hace 17 años”. Lo cierto es que, aunque hayan pasado 17 años, “Otoño no volvió y para ella ya no hay justicia posible”, responde Prokopiw. Si se avanza hacia un juicio por jurados y se condena a los femicidas, la posibilidad de echar luz sobre la posible red de trata señalada por la querella estaría más al alcance.
El primer paso dependerá, en los próximos días, de la decisión que tome el juez Merlo.
Si sos víctima o conocés a alguien que sufra los delitos de trata y explotación de personas, podés llamar al 145, las 24 horas. Es una línea gratuita, anónima y nacional.
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